La Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización abrió la puerta para que en empresas de menos de 25 trabajadores sea el propio empresario el que asuma la prevención.
Esta Ley, aprobada sin ningún consenso ni diálogo, considera que la Prevención de Riesgos es un coste o un mero trámite administrativo del cual debe liberar a las empresas. Para ello, la Seguridad Social ha encomendado al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo la puesta en marcha del Programa Prevención 25, equivalente al ya existente Prevención 10.
Con este programa el empresario evalúa el mismo los riesgos de su empresa, el problema es que lo hace mediante formularios estándar y con importantes lagunas, como la falta de evaluación de riesgos psicosociales. Además se pone en marcha ahora el Prevención 25 sin haber evaluado la eficacia e implantación del Prevención 10.
El Gobierno además va a financiar esta herramienta a través del Fondo de Rehabilitación y Prevención de la Seguridad Social, por lo tanto, el coste que se ahorran los empresarios en prevención lo asumimos todos los trabajadores mediante fondos de la Seguridad Social. Es bastante paradójico además que en la actual redacción del Anteproyecto de Ley de Mutuas el Gobierno pretende eliminar este Fondo, con lo cual nos caben serias dudas sobre cómo se financiará su mantenimiento o actualización.
Desde la USO estamos totalmente en desacuerdo con esta forma de hacer prevención, puesto que supone una discriminación para los trabajadores de las empresas de menor tamaño y una limitación de sus derechos en materia de prevención de riesgos laborales.
Gracias a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a los avances producidos en los últimos años, se han formado buen número de Técnicos en Prevención, cuya función es no sólo asesorar al empresario sino también a los trabajadores y a los delegados de prevención. Sin embargo, ahora la presencia de estos técnicos va a darse sólo en las grandes empresas.
Con este programa el Gobierno pretende sustituir el trabajo de profesionales especialistas en ergonomía, riesgos psicosociales,… por el “hágalo usted mismo”, poniendo en riesgo la calidad de las evaluaciones de riesgos, de las planificaciones preventivas o de las investigaciones de accidentes, dado que la mayoría de los empresarios con 24 trabajadores a cargo no cuentan ni con la formación necesaria ni con el tiempo suficiente para llevar todo esto a cabo de forma adecuada.
Con esta medida corremos el riesgo de que el trabajador o trabajadora de la gran empresa tenga prevención de riesgos, pero aquellos empleados en empresas de menos de 25 trabajadores, que suponen el 95% en nuestro país, no la tengan, y que el empresario lleve a cabo en estos casos un cumplimiento meramente formal de la normativa de prevención por falta de tiempo, conocimiento, interés o por un hipotético ahorro de costes.
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