La FTSP-USO ha reclamado al Gobierno de Canarias que rescinda el contrato de seguridad en los centros de menores infractores de Valle Tabares (Tenerife) y La Montañeta (Gran Canaria) con Alcor, al tratarse de una empresa que incumple con el convenio colectivo del sector de seguridad privada.
Alcor Seguridad no cumple con el convenio colectivo sectorial en lo que se refiere al cómputo mensual (182 horas en lugar de 162), ni en el caso de los salarios, que están muy por debajo de lo que marca el convenio.
Se trata de un caso más de empresas pirata que son adjudicatarias de servicios públicos y que no aplican el convenio del sector, sino que se rigen por su propio convenio de empresa, cuyas condiciones son peores, aprovechando además el retraso judicial para aplicar a sus plantillas condiciones de trabajo y salarios precarios.
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