La empresa Metro de Madrid está siendo tristemente protagonista de casos exposición a amianto, que en base a la información aparecida hasta la fecha, guardan directa relación con la inacción preventiva frente a este peligroso agente químico por parte de esta entidad desde hace varios lustros. Al momento actual son dos los trabajadores afectados por cáncer de origen laboral asociado a la presencia de amianto, uno de ellos a raíz de la exposición sufrida en los talleres de Canillejas en los que se manipulan y ponen a punto las pastillas de freno y, el otro a consecuencia de operaciones de reparación realizadas en las escaleras mecánicas presentes en las instalaciones del metro. Además se está valorando si el caso de otro trabajador que desarrolló cáncer de pulmón tiene su origen en las labores de mantenimiento de escaleras mecánicas que estuvo realizando desde la década de los 80.
En los últimos meses han ido saliendo a la luz inquietantes datos relacionados con la amenaza que el amianto representa para quienes hayan podido estar expuestos durante su vida profesional en la empresa a este agente cancerígeno. Así, en el año 2003 se realiza un informe técnico por el Servicio de Prevención Laboral del suburbano, a petición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se constata la presencia de amianto en componentes eléctricos de 115 trenes, identificándose también la presencia de material tóxico en 64 estaciones de metro -en falsos techos de andenes, pasillos y vestíbulos de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 y el ramal de Ópera-. En este informe no se detalla el número de posibles operarios expuestos y se recoge el posible contacto con amianto como “esporádico”.
Respecto a esta apreciación cabe matizar que con agentes cancerígenos, como es el caso del amianto, una sola exposición puede bastar para desarrollar un cáncer profesional. Es decir, que en el informe se catalogue la exposición como “esporádica” debería ser razón suficiente para que desde entonces se hubieran aplicado medidas preventivas encaminadas a proteger a la población trabajadora expuesta.
Destaca además el hecho de que el citado informe se presenta por la empresa a la ITSS en diciembre de 2017, habiendo permanecido oculto por aquella durante casi 15 años, siendo en base al mismo conocedora de la presencia de amianto en sus instalaciones y trenes desde el año 2003.
Muchos de los trabajadores que han estado expuestos durante años manifiestan que nunca se les ha ofrecido la posibilidad de realizarse reconocimientos médicos (exámenes de salud) por la empresa. Y no es hasta que se confirma el primer caso de cáncer profesional por amianto cuando la empresa comienza a realizar reconocimientos médicos específicos al personal de plantilla expuesto a la sustancia.
En 2001 se publica una Orden que impone limitaciones a la comercialización y uso de sustancias y preparados peligrosos, estableciendo la prohibición de comercializar con productos que contengan fibras de amianto. Esta Orden entra en vigor a mediados de 2002, y Metro de Madrid vende convoyes a Argentina entre los años 2011 y 2012, los cuales contienen los componentes con amianto identificados en el informe de 2003.
También, en el año 2006 se publica el Real Decreto 396/2006 de protección frente a la exposición a amianto, el cual entra en vigor en ese mismo año y establece, entre otros muchos preceptos, la obligación de que las empresas en las que se realicen actividades con presencia de amianto se inscriban en el conocido como RERA (“Registro de empresas con riesgo por amianto”). En fechas recientes la ITSS ha levantado acta de infracción constatando la no inscripción de la empresa en el citado RERA, en el cual debería llevar inscrita desde 2006.
Además, recientemente, la ITSS ha propuesto sancionar a Metro de Madrid con 191.000 euros por “infracción grave” asociada al hecho de que la empresa no haya garantizado las medidas de seguridad y salud a los trabajadores expuestos al amianto.
Los datos disponibles hasta ahora hablan por sí solos y son indicativos no solo de claras infracciones por la empresa Metro de Madrid de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus disposiciones de desarrollo, sino también de la normativa de comercialización de productos peligrosos, evidenciando además la nula conciencia social de los gestores de esta entidad, que no dudaron en vender trenes a un tercer país -en este caso Argentina- a sabiendas de que estos contenían componentes con presencia de un agente químico cancerígeno y letal como es el amianto.
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