Las rimbombantes negociaciones mantenidas por Hacienda y Función Pública con determinadas organizaciones sindicales van camino de convertirse en una auténtica tomadura de pelo. Un golpe bajo tanto a la inteligencia de los empleados públicos como en nuestra cesta de la compra.
De las ostentosas propuestas de subida salarial que partían de un 20% hemos pasado a un raquítico sistema mixto -fijo más un variable según el PIB- que con toda probabilidad, no llegará a cubrir el incremento del IPC en los años 2018, 2019 y 2020. Se habla de un fijo de un 1,5% para el 2018 más un incremento variable entre el 0,25% y el 0,5% según el PIB; de 1,75% para el 2019 más un incremento variable entre el 0,5% y el 0,75% según el PIB; y un 2% para el 2020 más un incremento variable entre el 0,5% y el 0,75% según el PIB. Por lo que de la recuperación de poder adquisitivo, nada de nada. Incluso tenemos dudas de que vaya a superar el IPC de los referidos años.
Y de la recuperación de los derechos sustraídos durante la crisis: descuento del 5% en el 2010, complemento de IT, ayudas Acción Social, carrera profesional, jornada de trabajo, etc. Nada de nada. Sin olvidarnos que en algunas Administraciones ni tan siquiera se ha recuperado la totalidad de la Paga Extra hurtada en el 2012, ni otros descuentos equivalentes sustraídos en 2013 y 2014. Ni tan siquiera parte de los días de asuntos particulares, por poner un ejemplo.
Por no pagar, a muchos empleados públicos, ni tan siquiera se nos han abonado todavía los atrasos de la subida del 1% del 2017.
Desde luego no entendemos que se hable solo de la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos en los últimos 10 años -que se cifra en un 15%-. ¿Qué pasa con la pérdida acumulada del poder adquisitivo de los últimos 3 años -cercano a un 50%-.
Parece que los empleados públicos vamos a seguir siendo los pagadores de esta crisis: no vamos a recuperar -para nada- el poder adquisitivo perdido y, posiblemente, sigamos perdiéndolo.
Desde FEP-USO creemos, como ya dijimos, que es necesario adoptar medidas salariales serias que impidan nuevas pérdidas salariales, y para ello, la única solución definitiva pasaría por abordar una reforma completa de nuestra estructura salarial, dotándola de mecanismos de revisión salarial automáticos, incentivando la permanencia en la Administración, recompensando la profesionalidad y la formación laboral con el paso del tiempo. Esta sería una solución definitiva, que no dependería tanto de las decisiones de los políticos de turno.
La FEP-USO califica la actual propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública como una auténtica tomadura de pelo hacia todos los empleados públicos, que supone un incumplimiento del compromiso tantas veces manifestado por el ministro Montoro de compensar los esfuerzos realizados por los empleados públicos durante la crisis. Promesas que como vemos se ha llevado el viento. Y que desde luego exige una respuesta contundente, sin medias tintas, por parte de todos los empleados públicos.
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