Sin Pacto de Estado, no habrá Ley Educativa de todos y estable

La Federación de Enseñanza de USO, que el pasado 7 de noviembre recibió oficialmente del Ministerio de Educación el documento “Propuestas para la modificación de la Ley Orgánica de Educación”, en el que describe con detalle los cambios y modificaciones que el Gobierno quiere hacer a la actual LOMCE, considera poco respetuoso con la ciudadanía que el Ministerio haya puesto en marcha esta segunda fase del debate social de sus propuestas cuando todavía estaba abierto el plazo de información pública, y que concluía el 10 de noviembre. Además, FEUSO tiene conocimiento de que muchos afiliados han intentado participar en este proceso de información pública y no han podido hacerlo porque el servidor de correo del Ministerio les ha rechazado su mensaje diciendo que estaba lleno.

Según la Secretaría de Estado de Educación, quieren iniciar la tramitación de esta reforma legal sin demasiada dilación; nosotros intuimos que, quizá, también sin demasiada negociación porque tienen claros sus objetivos finales. Para FEUSO, más prioritario que modificar la LOMCE hubiera sido retomar un compromiso serio del Gobierno con la negociación del Pacto de Estado por la Educación y romper de una vez por todas con los vaivenes legislativos que afectan a nuestras leyes educativas impidiendo la existencia de una norma de carácter básico, estable y moderna con la que afrontar los retos de la educación de nuestro país en el siglo XXI.

En el año 2013, FEUSO dijo no a la reforma del ministro Wert, pues era inoportuna en aquel momento, se presentaba como una reforma de partido y desgraciadamente con una tramitación chapucera y poco rigurosa. En 2018, volvemos a decir no a la ministra Celaá y a su nueva reforma educativa porque es otra reforma de partido, que nos alejará aún más si cabe de la posibilidad de retomar las negociaciones del Pacto.

En el documento que FEUSO presentará al Ministerio, pedimos que se mantenga la redacción actual del artículo 106 para que la demanda social siga siendo factor vinculante en la planificación escolar de la oferta de plazas de los centros sostenidos con fondos públicos. Como reconoce nuestra Constitución y la jurisprudencia, los dos modelos educativos (pública y concertada) prestan el mismo servicio educativo público, están al mismo nivel, son complementarios y no son subsidiarios el uno del otro.

Para FEUSO, dadas las circunstancias, es urgente que se actualice la redacción del artículo 117 de la LOMCE para que los módulos de concierto recojan todos los derechos salariales de los trabajadores de la enseñanza concertada obtenidos mediante la negociación colectiva. En este sentido, incrementando las cantidades presupuestarias, debe alcanzarse una dotación de plantillas equivalente en todos los centros sostenidos con fondos públicos, la homologación salarial y también la laboral en aplicación a la Concertada de las medidas que se aprobarán para revertir las consecuencias del RD 14/2012. En relación con el número de horas lectivas, la Enseñanza Concertada debe equipararse a los docentes de la Escuela Pública para compartir los mismos estándares de calidad en la enseñanza, por lo que reivindicamos 18 periodos lectivos en la Educación Secundaria y 23 periodos lectivos en la Educación Primaria, la Educación Infantil y en el sector de Educación Especial.

En cuanto a la asignatura de Religión, desde FEUSO pedimos que se respeten los derechos de las familias y de los trabajadores. En este punto, las propuestas que avanza el Ministerio en su documento van en contra de la sentencia recientemente aprobada por el Tribunal Constitucional, de 10 de abril de 2018, que validaba la existencia de una asignatura alternativa a la de Religión. En FEUSO defendemos que exista una asignatura alternativa con el fin de potenciar la educación en valores éticos, cívicos y ciudadanos, hoy más necesaria que nunca, y para que la asignatura de Religión no se vea desprestigiada y minusvalorada. Para reforzar su prestigio académico, la asignatura de Religión debe considerarse una asignatura más dentro del currículo, por lo que debe ser evaluable, como así se recoge en los acuerdos Iglesia-Estado, que se incumplirían con la nueva propuesta del Ministerio. Para FEUSO, no pueden existir asignaturas de primera o segunda división en ningún centro educativo.

También pensamos que no deben tomarse medidas que pongan en peligro el futuro laboral del profesorado de Religión que, en la actualidad, con su trabajo y su dedicación, están haciendo posible que las familias que libre y voluntariamente eligen esta asignatura, puedan recibir la educación que han elegido para sus hijos.

Una última cuestión: en sus propuestas, el Ministerio de Educación debe atenerse a la jurisprudencia de los últimos años y en particular a la sentencia del Tribunal Constitucional (de 10 de abril de 2018) que reconoce la legalidad de la Enseñanza Diferenciada, una opción pedagógica libre en nuestro país. Como afirma esta importante sentencia, los centros de Enseñanza Diferenciada no segregan y ofrecen a todos los alumnos y alumnas las mismas oportunidades. La Enseñanza Diferenciada es un reflejo de la pluralidad social. Por lo tanto, la prioridad de la coeducación en la legislación vigente no debe ser un obstáculo para financiar el concierto educativo en los centros de Enseñanza Diferenciada.