USO-Castilla-La Mancha exige un nuevo modelo de gestión del transporte sanitario en la región

USO-Castilla-La Mancha exige que se aplique un nuevo modelo de gestión del transporte sanitario en la región, tras la comisión parlamentaria de Sanidad que se celebró ayer en el Parlamento autonómico, provocada por el dossier que el sindicato USO entregó en el Sescam alertando de la grave situación de este servicio.

Desde la Unión Sindical Obrera, recibimos con esperanza que todos los grupos políticos con representación en las Cortes apuesten por otro tipo de gestión pública del transporte sanitario y enfermos en Castilla-La Mancha, como el instaurado en Baleares en el mes de abril, y ofrecemos nuestra colaboración para que esta promesa se materialice.

Sin embargo, desde USO no compartimos ni podemos estar de acuerdo con la postura defendida por la gerente de Emergencias, Regina Leal, ya que no se pueden cerrar los ojos y solo abrir expedientes informativos a las concesionarias por la nefasta gestión que están haciendo.

La realidad de esta mala gestión por parte de las concesionarias se materializa en la existencia de vehículos precarios en diferentes provincias que impiden a los profesionales del sector realizar su trabajo dignamente, sufriendo precariedades y quejas verbales de los usuarios del servicio de salud; bases precarias y deficientes con problemas de humedades, por ejemplo, o situaciones en las que los trabajadores deben mantener dispositivos de localización y bases de 3 tripulaciones u equipos, siendo completamente ilegal, y contando con la connivencia de la Gerencia, sin obligar a las concesionarias a cumplir las sentencias judiciales y los pliegos de concesión.

Por otro lado, la Federación de Servicios del sindicato USO denuncia además que, aunque las concesionarias están obligadas a pagar a sus trabajadores según el convenio vigente, siendo esta una de las cláusulas de condiciones del pliego, esto se incumple en muchas de las 5 provincias ya que las concesionarias hicieron una puja temeraria y uno de los pilares donde recortan es en los salarios. Además, es preocupante que la Administración, teniendo conocimiento, no ponga freno a los numerosos contratos en prácticas que el convenio dice son ilegales.