Según ha denunciado la Confederación Europea de Sindicatos (CES), el Consejo está forzando al Parlamento Europeo para que acepte una directiva relativa a las transferencias de trabajadores a otro Estado miembro de la UE dentro de una misma empresa o corporación, sin establecerse una disposición plena de igualdad de trato que los nacionales de ese Estado miembro al que irían destinados.
Al respecto de ello, USO reclama para estas situaciones de traslado la aplicación de las condiciones más beneficiosas para el trabajador según el Principio General del Derecho in indubio pro operario cuyo fundamento debe consolidarse en las directivas comunitarias.
En opinión de Javier de Vicente, Secretario Confederal de Acción Internacional de USO, “los casos Laval, Viking, Rupert y otros, así como las sentencias al respecto del Tribunal Europeo -rechazada recientemente por el Consejo de Europa en el caso Laval-, han puesto en evidencia que el Parlamento Europeo no puede permanecer impasible ante el dumping social generado por la movilidad de los trabajadores en el seno de la Unión”.
“Así – ha reclamado de Vicente- el Parlamento debiera asegurar en sus directivas de Trabajadores Desplazados, de Migrantes Estacionales y de Transferencias Intra-corporativas de Trabajadores que las condiciones de trabajo del personal de una empresa destinado en otro Estado miembro de la Unión Europea nunca serán inferiores a las vigentes en el propio Estado nacional del trabajador afectado”
La CES ha advertido por su parte que si prospera la presión del Consejo respecto a esta directiva “el mercado de trabajo europeo se convertirá en una selva”. La UE debe garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países empleados en otros estados miembros. El Consejo quiere desviarse de esta práctica, exponiendo así a los nacionales de terceros países a menores niveles de protección y a una posible explotación.
La CES ha anunciado tomará todas las medidas necesarias para luchar contra esta Directiva y pide a los Estados miembros que consideren sus propuestas para devolver la plena igualdad de trato para todos los nacionales de terceros países empleados en un Estado miembro.
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