La Unión Sindical Obrera (USO) ha registrado en el Congreso de los Diputados las firmas de las secciones sindicales, comités y juntas de personal de 547 empresas y centros de trabajo, de diferentes sectores y regiones, para trasladar su rechazo a la nueva Ley de Mutuas, por la que se modifica el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, y que va a ser sometida a votación mañana.
Con estas firmas, que representan aproximadamente a unos 75.000 trabajadores y trabajadoras, USO materializa su oposición a la nueva Ley de Mutuas ya que plantea medidas manifiestamente antisociales y que ponen en grave riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras. Las Mutuas han ido adquiriendo cada vez más competencias en lo referente a la salud de los trabajadores y trabajadoras, sin que haya tenido efectos positivos, situación que puede empeorar si, como pretende la Ley, se les otorga aún más poder
USO muestra su rechazo a la aprobación de la nueva Ley de Mutuas ya que recoge medidas antisociales que permitirán a las Mutuas ejercer el control de las contingencias comunes, facilitando además su uso como vía de privatización de la sanidad, amenazando la equidad y universalidad del sistema.
De aprobarse la nueva normativa, las altas quedan en manos del tándem Mutuas-INSS, se cederá a las mutuas el poder total sobre la gestión de la incapacidad temporal por Enfermedad Común -declarando, denegando, suspendiendo y anulando el derecho a la prestación económica-.
Por otra parte, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social pasan a denominarse Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, abriendo la puerta a que les sea encomendada cualquier tipo de colaboración según se prevé el Proyecto de Ley, y los Convenios entre las Mutuas y los Servicios Públicos de Salud para adelantar asistencias, tratamientos o pruebas a trabajadores de baja, pasarán a ser retribuidos a las Mutuas, debilitando el sistema público de salud y encubriendo la privatización.
De igual forma, la nueva Ley de Mutuas afecta a aspectos importantes en materia de prevención de riesgos. Las Mutuas deberán deshacerse de sus Sociedades de Prevención, creadas con patrimonio de la Seguridad Social, antes del 15 de marzo de 2015. Las que no encuentren comprador serán liquidadas. Esto supone un cambio radical en el mercado de los servicios de prevención con consecuencias en millones de personas trabajadoras. Además algunas están llevando a cabo estas operaciones de venta de forma dudosa.
La Ley recoge la posibilidad de que, con el dinero de las cotizaciones, las Mutuas podrán crear la Reserva Complementaria, con la que pagar el exceso de gastos de administración, sanciones administrativas y gastos procesales.
La secretaria de Acción Sindical e Igualdad de USO, Sara García, explica que “lo que busca la Ley de Mutuas es favorecer los intereses de Gobierno y empresarios. Disminuye los costes en prestaciones de incapacidad temporal por acortamiento de las bajas, aún poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras; consigue un ahorro en el gasto en Seguridad Social para el Gobierno; las Mutuas asumen cada vez más facultades de gestión y control a costa de cargar buena parte de sus costes al Sistema Nacional de Salud, etc. Pero lo fundamental es que no incorpora ninguna medida en relación a la Salud Laboral de las que si son verdaderamente importantes, tales como la actualización de los listados de enfermedades profesionales, o las mejoras en su detección y declaración”.
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