FEP-USO se manifiesta el 20 de octubre para una ley marco para los servicios de extinción y salvamento

La Federación de Empleados Públicos de USO se suma a la manifestación convocada por la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales -CUBP- del próximo 20 de octubre en Madrid, a las 16:00, para reivindicar y exigir la aprobación de una Ley Marco Nacional para los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos -SPEIS-, que unifique la disparidad existente a día de hoy en un servicio público tan esencial como este.

Actualmente, los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos existentes en España se caracterizan por la disparidad y heterogeneidad en su regulación en muchos aspectos considerados básicos, en los que cada servicio y/o Administración del que depende han adoptado y aplicado criterios y soluciones diferentes en temas fundamentales, como la dimensión de sus plantillas -ratios número de bomberos/habitantes-; su distribución geográfica -ubicación de los parques y retenes-; organización, escalas y categorías; acceso a la formación, promoción, retribuciones, etc.

Esta disparidad en la regulación se muestra también en otras muchas cuestiones vitales, de cara a la prestación de un servicio eficaz, eficiente y homogéneo en todo el territorio del Estado, afectando directamente no solo a la eficacia y operatividad del servicio, sino también a la integridad y seguridad de los propios bomberos y a la de los ciudadanos que deben proteger.

“Este conjunto de regulaciones tan dispares impide que existan unos estándares de calidad homogéneos, lo que afecta directamente tanto a las intervenciones a nivel individual, como a las intervenciones conjuntas, y ponen en peligro tanto la vida de los Bomberos, como la de los Ciudadanos”, defiende Luis Deleito, secretario general de FEP-USO.

La Ley de Bases de Régimen Local establece la obligación de prestar el servicio de extinción de incendios a los municipios, diputaciones o entidades equivalentes, pero no se establecen criterios que regulen cómo ha de prestarse dicho servicio esencial, generando así una evidente diferencia y, por lo tanto, discriminación, en las condiciones laborales y en la calidad en el servicio que se le presta al ciudadano.