La Federación de Enseñanza de USO presentó en el pleno del Consejo Escolar del Estado un informe alternativo pidiendo la retirada de la nueva Ley de Educación que prepara el Ministerio para sustituir a la LOMCE, además de un conjunto de enmiendas, que fueron rechazadas.
Para la Federación de Enseñanza de USO, el Anteproyecto de Ley presentado por el Ministerio de Educación plantea un conjunto de medidas que, desde nuestro punto de vista, no resolverán los problemas que presenta nuestro sistema educativo ni mejorarán la calidad y la equidad educativa, pues en su esencia es un simple retorno al pasado, una contrarreforma que nos retrotrae en el tiempo a la fracasada LOE del año 2006. La solución a los problemas generados por la LOE y por la LOMCE es el Pacto Educativo.
En palabras de Antonio Amate, secretario general de FEUSO, “es un proyecto de ley que no contempla el consenso desde la raíz y se hace sin tener en cuenta al profesorado. Nosotros apostamos por el Pacto Educativo porque defendemos la convivencia de los distintos modelos educativos y la libre elección de los padres”.
El informe recoge afirmaciones contenidas en el anteproyecto de Ley con las que FEUSO no puede estar de acuerdo, como el hecho de que no se considere la educación como un derecho fundamental que debe ser garantizado por los poderes públicos mediante una red escolar complementaria de centros sostenidos con fondos públicos, todos ellos en condiciones equivalentes de calidad, gratuidad e igualdad en el acceso. Así, el Anteproyecto no contiene ni una sola medida que homologue y equipare las condiciones humanas y materiales de los trabajadores de los centros sostenidos con fondos públicos, ni memoria económica para conseguir el 5% del PIB en inversión educativa hasta alcanzar un 7% durante los años de implantación de la nueva Ley.
El Anteproyecto de la nueva Ley introduce dos novedades en la interpretación del derecho a la educación reconocido por la Constitución en su artículo 27 que deforman el sentido y el contenido original de este derecho para transformarlo en un derecho de los niños, que no de los padres, y en un derecho a la educación pública de forma excluyente hacia la escuela concertada que forma parte en igualdad de condiciones de la red de centros sostenidos con fondos públicos.
Otro asunto que desde FEUSO rechazamos es la manera que tiene el Anteproyecto de abordar lo relacionado con la asignatura de Religión, transformándola en una asignatura fantasma incumpliendo los acuerdos y jurisprudencia que la avalan como una asignatura equivalente al resto del currículo en sus efectos académicos, de oferta obligada en los diferentes niveles educativos como optativa voluntaria para el alumnado. El Anteproyecto también olvida al profesorado de Religión, que es personal laboral docente, sin articular ninguna medida que consolide el empleo o determinar salidas laborales dignas que puedan ayudar a paliar el gran recorte de plantilla que supondrá inevitablemente la aplicación de la nueva configuración propuesta por el Ministerio. Sin embargo, lo que sí hace el Ministerio es propone de nuevo Educación para la Ciudadanía como una asignatura de carácter obligatorio para todo el alumnado.
El articulado del Anteproyecto quebranta también el principio de complementariedad de las redes educativas y la libertad de elección de centro de las familias; restringe la posibilidad de que los hijos del profesorado de la concertada puedan escolarizarse en sus propios centros y acogerse sus trabajadores a los beneficios sociales de recogidos en la negociación colectiva; interpreta la coeducación de manera restrictiva, en contra de la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional; no extiende la gratuidad de la enseñanza de 0 a 18 años.
Además de todas estas cuestiones, el anteproyecto se vuelve a olvidar de las condiciones laborales de los profesionales de la educación, sin lograr la homologación definitiva de los trabajadores de la Concertada con respecto a los de la Pública en lo referido a las plantillas docentes, la equiparación salarial completa, incluyendo los sexenios, la reducción de la carga lectiva y la inclusión del PAS y del personal complementario de los centros de Educación Especial en el pago delegado, entre otras.
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