La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO (FAC-USO), a través de su sector de Justicia (SPJ-USO), denuncia que la implantación de los Tribunales de Instancia se está desarrollando sin planificación, sin medios suficientes y con protocolos de trabajo que agravan el colapso
La supuesta modernización del servicio público se está traduciendo, en la práctica, en desorganización, sobrecarga y retrasos que perjudican a los profesionales y, sobre todo, a miles de ciudadanos que esperan una respuesta judicial. “Nos encontramos con un modelo que se está imponiendo a golpe de improvisación, sin inversión real y sin escuchar a quienes sostienen la Justicia cada día. Y cuando la Justicia se atasca, no se atascan papeles: se atascan vidas, decisiones urgentes y derechos”, denuncia Adriano Moreno, secretario general de SPJ-USO.
Una reforma que traslada el problema a la ciudadanía
Desde su puesta en marcha, la reorganización está provocando confusión en la asignación del personal, equipos fragmentados en múltiples “microestructuras” y criterios poco transparentes, dificultando la cobertura normal de bajas, permisos y vacaciones. A esto se suma un problema estructural: se crean plazas en determinados niveles, pero no se refuerzan de manera proporcional las plantillas de los cuerpos generales, quienes asumen la tramitación diaria y el soporte real del servicio.
El resultado es claro: más carga de trabajo con menos margen operativo, y eso se traduce en demoras en señalamientos, retrasos en notificaciones, acumulación de tareas y mayor riesgo de errores.
FAC-USO denuncia también que los programas de gestión procesal y herramientas digitales no están plenamente adaptados al nuevo modelo, lo que obliga a duplicar tareas y ralentiza la tramitación. El pretendido modelo de “papel cero” continúa siendo, en demasiados casos, una promesa incumplida: se tramita digitalmente, pero se mantiene documentación en papel, se repiten pasos y se multiplican gestiones internas. Esto no solo penaliza al personal sino también, directamente, a la ciudadanía, que sufre un servicio menos ágil y más incierto.
Otro elemento preocupante es la proliferación de protocolos de actuación que normalizan prácticas lesivas para los derechos laborales y para la calidad del servicio. Entre las medidas que se están imponiendo o promoviendo destacan:
- No cubrir bajas ni ausencias, redistribuyendo el trabajo entre el personal disponible como “solución” habitual.
- Imponer la figura de personal “referente” encargado de traspasar conocimiento y formar a nuevas incorporaciones, con responsabilidades añadidas sin voluntariedad, sin reconocimiento y sin retribución.
- Asignar los asuntos más urgentes y prioritarios “en general” al personal con mayor experiencia, convirtiendo la experiencia en un factor de sobrecarga sistemática.
Este modelo, además de injusto, es profundamente ineficaz: aumenta la presión, eleva el desgaste y conduce a desmotivación, lo que deteriora el servicio y multiplica el riesgo de fallos.
También, la implantación del nuevo modelo organizativo y tecnológico está afectando a la Justicia en el ámbito rural, particularmente en el funcionamiento de las Oficinas de Justicia en el Municipio (antiguos Juzgados de Paz) y en su conexión con el Registro Civil y los sistemas de tramitación. USO denuncia falta de medios en muchas oficinas: ordenadores obsoletos, limitaciones técnicas que ralentizan cualquier operación, métodos “caseros” para compartir documentación, y una formación insuficiente para sistemas complejos que están cambiando procedimientos esenciales para la ciudadanía.
Violencia sobre la mujer: cuando un retraso es una vida en suspenso
FAC-USO y SPJ-USO alertan de que el impacto de esta implantación desordenada es especialmente grave en ámbitos tan sensibles como los órganos y secciones de Violencia sobre la Mujer. En estos procedimientos, cada demora pesa más: notificaciones, medidas cautelares, órdenes de protección, resoluciones urgentes, comunicaciones con fuerzas de seguridad, coordinación con recursos asistenciales.
“Cuando hablamos de colapso no hablamos de estadísticas: hablamos de víctimas esperando protección y de profesionales trabajando al límite. La Justicia no puede permitirse fallar donde más urgente y humana debe ser”, subraya Moreno. En este sentido, FAC-USO exige un plan específico de funcionamiento y refuerzo en estas jurisdicciones y circuitos, para evitar que el nuevo modelo agrave la vulnerabilidad de quienes más dependen de una respuesta inmediata.
Exigimos medidas urgentes, no más improvisación
FAC-USO/SPJ-USO exige una actuación inmediata del Ministerio de Justicia y de las Administraciones competentes en los territorios que pasa por el refuerzo inmediato de plantillas; la retirada y revisión de los protocolos; una adecuación técnica de los programas de gestión y aplicaciones; el cumplimiento real del “papel cero” con medios, procedimientos y soporte; un plan específico para evitar disfunciones en violencia sobre la mujer, con refuerzos y circuitos claros; un plan de choque para la Justicia en el municipio, con dotación material, formación útil y directrices operativas claras, y un enfoque serio en salud laboral, porque los cambios organizativos no pueden ejecutarse sin evaluar el impacto en riesgos psicosociales y sin medidas preventivas.
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