USO alerta de una crisis estructural y una emergencia social que impide construir proyectos de vida y exige una reforma profunda del sistema de acceso a la vivienda

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad en España, afectando no solo a la juventud, sino también a miles de personas trabajadoras que, pese a tener empleo, no pueden asumir el coste de un alquiler o una hipoteca. Los datos del informe “Joven, tu suscripción no incluye futuro” de USO muestran que la vivienda es hoy un obstáculo estructural que impide a las personas jóvenes iniciar su vida adulta. Pero, esta realidad, se extiende igualmente a quienes desean formar una familia y criar hijos. La vivienda ya no es un derecho garantizado: es un lujo inasumible para una parte creciente de la población.

Según el Consejo de la Juventud de España, una persona joven asalariada debe destinar el 98,7 % de su salario neto al alquiler, una cifra que hace imposible emanciparse sin apoyo familiar. Pero las trabajadoras y trabajadores tampoco escapan a esta presión: el precio del alquiler alcanzó en 2025 su máximo histórico, con una media de 1.176 euros mensuales, mientras los salarios crecieron apenas un 1,7 %, muy por debajo de la inflación.

Esto significa que las familias pierden poder adquisitivo cada año. La vivienda, lejos de ser un espacio de seguridad, se ha transformado en un factor de empobrecimiento.

La compra tampoco es una alternativa viable. El precio medio de una vivienda libre asciende a 223.000 euros, y la entrada necesaria supera los 66.900 euros. La consecuencia es clara: proyectos vitales retrasados, maternidades y paternidades pospuestas, y una generación que vive atrapada en la dependencia económica del hogar de origen.

Desahucios y vulnerabilidad: el caso de Maricarmen como símbolo de una injusticia estructural

El reciente desahucio de Maricarmen, expulsada de su hogar pese a encontrarse en situación de vulnerabilidad, refleja la crudeza de un sistema que permite que personas indefensas sean enviadas a la calle sin alternativas habitacionales. Este caso no es aislado: miles de familias viven con el miedo constante a perder su vivienda por motivos económicos. Mientras, la legislación actual no garantiza protección suficiente para quienes no pueden afrontar un alquiler desorbitado.

USO denuncia que la normativa vigente no protege adecuadamente a las personas vulnerables, pero tampoco ofrece seguridad jurídica suficiente a los propietarios, lo que provoca que muchas viviendas permanezcan vacías por temor a ocupaciones delictivas. El resultado es un círculo perverso: más desahucios, menos oferta de alquiler y precios cada vez más inasumibles.

Una crisis que exige más vivienda y mejores leyes

USO mantiene una postura clara y constante: la vivienda es un derecho constitucional fundamental y debe ser tratada como tal, no como un bien de especulación financiera.

Para revertir esta situación, el sindicato defiende que es imprescindible:

  • Aumentar de forma urgente la oferta de vivienda, tanto pública como privada, para garantizar venta y alquileres asequibles.
  • Topar los precios del alquiler para frenar la escalada especulativa.
  • Reformar la legislación de desahucios, garantizando que ninguna persona vulnerable (joven, mayor o familia con hijos) sea expulsada sin una alternativa habitacional digna.
  • Corregir las lagunas legales que permiten ocupaciones delictivas, que generan inseguridad y desincentivan que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler.
  • Reforzar las políticas de apoyo a familias, incluyendo ayudas al alquiler, vivienda social y medidas que reduzcan el esfuerzo económico que hoy condena a miles de hogares a la precariedad.

USO anima a la ciudadanía, a las personas trabajadoras y a la juventud a participar en las movilizaciones convocadas en defensa de este derecho, para conseguir una ley justa de vivienda.

La vivienda no puede seguir siendo un privilegio reservado para quienes parten con ventaja. Es un derecho básico que debe ser garantizado por los poderes públicos y protegido frente a la especulación. USO seguirá defendiendo que ninguna persona, ya sea joven, trabajadora o trabajadora y pensionista, pueda ser expulsada de su hogar por motivos económicos, y que el acceso a una vivienda digna sea una realidad para toda la población.

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