Transcurridos ya muchos años de la Constitución Española, el marco legal sindical no se ajusta plenamente a los principios, valores y espíritu de respeto de la libertad sindical como una de las Libertades fundamentales.
El marco legal sindical español fue el resultado de un Acuerdo Político a favor del bisindicalismo, que se materializó a través del Estatuto de los Trabajadores (Título II, Capítulo I del Derecho de Representación Colectiva), la Ley Orgánica de Libertad Sindical (L.O.L.S. de 1985) y el Real Decreto 1844/1994 que regula las elecciones sindicales, marco legal que hoy es imprescindible modificar para la regeneración sindical impulsando mayor pluralidad, independencia, y autofinanciación de los sindicatos a través de los recursos económicos aportados por su afiliación.
La USO considera necesario una reforma de las leyes electorales que democratice la legislación electoral, política y sindical con el objetivo de hacerla más representativa y proporcional, que no discrimine y que favorezca equiparar el valor de los votos independientemente de su procedencia.
El modelo sindical vigente, que hay que regenerar, reconoce a los Sindicatos CCOO y UGT y a los sindicatos cuyo ámbito de actuación es una Comunidad Autónoma (ELA, CIG, LAB) el privilegio de actuación sindical y participación institucional en toda España, a la vez que discrimina a sindicatos de ámbito estatal como la USO, con una mayor implantación que muchos de ellos, haciendo que se vean privados del reconocimiento de “sindicato más representativo” y de las prerrogativas derivadas de la citada condición.
Por ello, la USO emprende esta Campaña por la Regeneración Democrática del marco sindical en España, solicitando a los partidos políticos y al resto de organizaciones sindicales que hagamos de la transparencia un valor propio de gestión. Que por encima de los intereses particulares de las organizaciones que representamos, deben estar los intereses generales de los ciudadanos que decimos representar. A ellos nos debemos y ante ellos debemos responder. Por eso, desde la USO proponemos que:
Ante la actual situación de crisis económica en la que estamos inmersos, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales gestionemos los recursos públicos bajo criterios de austeridad en el gasto y de autofinanciación. Ello conllevaría la definición de un nuevo modelo de financiación basado en estos principios.
Urgir un cambio de la actual normativa electoral tanto en el ámbito político como sindical, tendente a que los resultados de los procesos electorales y el cómputo de los mismos permita una mayor participación de las organizaciones que hoy se consideran minoritarias y que acreditan, en muchos casos, una audiencia electoral mayor que otras que circunscriben su ámbito de actuación a un determinado ámbito territorial. Esta modificación conllevaría fijar como mínimo de referencia la obtención del mismo porcentaje de audiencia electoral para las organizaciones sindicales y políticas.
Los procesos electorales en el ámbito sindical deben facilitar su objetivo, que es la existencia de representación legal de los trabajadores y trabajadoras en la empresa. Por ello, es imprescindible eliminar la actual discriminación existente en la promoción de las elecciones sindicales. Toda organización sindical debe tener plena capacidad para promover elecciones sindicales y participar en ellas. No se puede limitar este derecho, como sucede actualmente, a unos en beneficio de otros. En una verdadera democracia, todos tienen los mismos derechos.
La USO considera que es el momento oportuno para desarrollar esta Campaña de difusión de nuestros análisis y propuestas, centrando la misma sobre cuatro objetivos básicos y prioritarios:
- Implantación de la igualdad de oportunidades y tratamiento sobre el respeto de la proporcionalidad de representación sindical.
- Cambio de la Ley Electoral Sindical con reconocimiento de la legitimidad de todos los sindicatos para la promoción electoral.
- Cambio de la LOLS para adquirir la condición de sindicato “más representativo”, aplicando el mismo porcentaje de representación requerido a la representación política en cada ámbito territorial.
- Necesidad de una Ley que regule la financiación de los sindicatos sobre la base de transparencia, publicidad y proporcionalidad a la representatividad electoral e implantación.
