Condenan a GSW por una actitud represiva contra el sindicato USO

La empresa deberá readmitir a un sindicalista despedido por vulnerar sus derechos fundamentales. La sentencia condena a la empresa a indemnizar con 9.000 euros por los daños sufridos.

El Juzgado de lo Social Nº5 de Santander ha declarado nulo el despido del sindicalista de GSW, Ismael Anievas, ocurrido el pasado 15 de mayo tras repartir pasquines sindicales en la fábrica de Nueva Montaña. El titular del Juzgado ha dictado una dura sentencia en la que condena a la empresa a la inmediata readmisión del trabajador, al abono de los salarios dejados de percibir y una indemnización de 9.000 euros “para la reparación integra y contribuir a prevenir el daño”.

El magistrado, en una extensa y demoledora sentencia, llega a afirmar que GSW “no quería bajo ningún concepto la aparición de USO en la planta de Santander” para ello “avisó primero y sancionó después, de manera que no hubiera dudas: de forma inmediata y despidiendo al delegado sindical también”. el magistrado Gimeno Lahoz califica de “voluntad represiva” la actuación empresarial y que lo que pretendía con el despido fulminante del sindicalista era “un aviso a navegantes” para evitar la constitución del sindicato. La sentencia puede ser recurrida en un plazo de 5 días.

La gravedad de los hechos que acaecieron el pasado 15 de mayo en la planta cántabra de GSW hizo saltar las alarmas de USO. El ataque a los derechos fundamentales fue de tal magnitud que desde el sindicato consideramos que sólo con poner los datos en conocimiento del Gobierno de Cantabria y del Parlamento iba a ser suficiente para evitar acudir a la vía jurisdiccional, pero lamentablemente no fue así. La secretaria general de USO Cantabria, Mercedes Martínez, se puso en contacto con la Vicepresidenta de Cantabria, y en aquel momento, líder del PSOE, Eva Díaz Tezanos, a quien informamos de los despidos, de sus causas y recordándole que, sólo 1 mes antes, esta empresa había recibido un aval del propio Gobierno de 15,5 millones de euros para circulantes, es decir, para obtener liquidez. La vicepresidenta miró para otro lado. USO pide a la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, que asuma las responsabilidades políticas por su negligente actuación.

Este sindicato visitó uno a uno los grupos políticos de la oposición en el Parlamento de Cantabria. Se les facilitó un dossier completo con pruebas irrefutables del atentado a los derechos fundamentales en una de las empresas más importantes de Cantabria, que se había financiado a través de los cántabros. Tanto Podemos como Partido Popular y Ciudadanos miraron para otro lado.

También se pidió a las organizaciones sindicales CC.OO y UGT y SCAM (Sindicato Cántabro de Asalariados del Metal) apoyo para detener esta salvaje actuación empresarial, que por un lado tenía como efecto inmediato dejar sin trabajo a dos familias, y por el otro aterrorizar a 650 trabajadores con una “voluntad empresarial represiva”, como consta en la sentencia. Estos sindicatos miraron para otro lado. Ellos sabrán a qué intereses responden.

Ni el Ejecutivo ni el Legislativo autonómico, aún teniendo conocimiento detallado y expreso de la situación ocurrida semanas después de inyectar 15,5 millones de euros de dinero público, han movido un solo dedo para defender uno de los derechos fundamentales en que se asienta nuestra democracia. Miran para otro lado.

Para la Federación de Industria de USO (FI-USO) esta sentencia viene a ratificar las denuncias de vulneración de derechos fundamentales, como es el derecho a sindicarse libremente, que tanto en Barcelona como en Cantabria el grupo CELSA está transgrediendo.

Por suerte el poder judicial, en primera instancia en Cantabria, ha emitido una sentencia taxativa, que no deja lugar a dudas: declara “que la actuación de la empresa despidiendo al trabajador, constituye una vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical”.

Una vez conocidos, demostrados y sentenciados estos hechos, desde la Federación de Industria de USO exigimos al Grupo CELSA, que finalice de manera inmediata su política antisindical, que deje de perseguir, de acosar y de coaccionar a los representantes de USO, ya sean afiliados o delegados. Es evidente que existe una estrategia del Grupo CELSA para eliminar la representatividad de USO.

Por ello entendemos, que es fundamental que el Grupo CELSA, cese inmediatamente a la responsable de los despidos: Rosa María Castrillo Fernández, actual directora de RR.HH., exdirectora general de Empleo de Cantabria e inspectora de Trabajo entre los años 2004 y 2011. Difícilmente podrá volver a la carrera funcionarial después de esta sentencia.

También queremos apelar a que el Gobierno de Cantabria asuma su responsabilidad, vele por los intereses de todos los cántabros y fiscalice el dinero con el que se financia a las empresas con los impuestos de los ciudadanos.

Quedamos a la espera de la pronta resolución judicial del delegado sindical David Cipitria, también despedido de GSW por ejercer sus derechos sindicales.