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USO resume la resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, que establece la planificación general de las actividades preventivas a desarrollar por las mutuas en sus planes de 2026

El BOE ha publicado la resolución de 9 de junio de 2025, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece la planificación general de las actividades preventivas a desarrollar por las mutuas colaboradoras en sus planes de actividades del año 2026.

La Resolución aprueba el Plan General de Actividades Preventivas que las mutuas deberán ejecutar en 2026. Establece un tope máximo de gasto del 0,7% de las cuotas de contingencias profesionales. También alinea los programas con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027. Los destinatarios son pymes de menos de 50 trabajadores; sectores con mayor siniestralidad registrada en 2024, y además, se dirige a colectivos vulnerables como autónomos y trabajadores con patologías de origen profesional.

Establece seis programas obligatorios:

  • Asesoramiento técnico a pymes y sectores preferentes.
  • Asesoramiento en centros con actividades concurrentes.
  • Difusión de la plataforma Prevención10.es (o la herramienta que la sustituya).
  • Apoyo a la adaptación de puestos y recolocación de trabajadores accidentados.
  • Acciones dirigidas al control y reducción de accidentes y enfermedades profesionales.
  • Iniciativas de investigación, desarrollo e innovación.

Las mutuas deberán detallar varios aspectos en sus planes: sectores atendidos, las empresas afectadas y el número de trabajadores implicados. También deben incluir el coste previsto de cada actividad. Esta planificación debe enviarse a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, entre el 16 y el 31 de diciembre de 2025. La resolución recuerda un punto importante: estas actuaciones no pueden sustituir las obligaciones empresariales de la Ley de Prevención de Riesgo17s Laborales.

Luces y sombras

Para USO, el texto ofrece luces y sombras. Como aspecto positivo, se reconoce la urgencia de intervenir en pymes y autónomos, donde la estructura preventiva y la presencia sindical son más débiles. Además, introduce la perspectiva de género y los riesgos psicosociales en las líneas de I+D+i. También invita a las mutuas a impulsar la recolocación de trabajadores lesionados, lo que abre espacio para negociar adaptaciones de puestos y evitar incapacidades permanentes.

Sin embargo, la resolución sobre planificación de actividades preventivas presenta 4 puntos que generan controversia:

  • La posible insuficiencia del límite presupuestario del 0,7 % si disminuye la recaudación por cotizaciones.
  • La dependencia de entidades privadas (mutuas) para actividades que exigen transparencia y participación de la representación legal de las personas trabajadoras.
  • La ausencia de un mecanismo sancionador claro cuando las visitas de la mutua puedan derivar en acciones comerciales.
  • La falta de indicadores cuantitativos que obliguen a las mutuas a demostrar resultados, especialmente en proyectos de investigación o de promoción de la cultura preventiva.

Desde USO consideramos que se abren varias oportunidades de intervención. Resulta fundamental exigir la participación de los comités de seguridad y salud en cada diagnóstico que elabore la mutua así como reforzar cláusulas en convenios colectivos para liberar delegados que hagan seguimiento de los planes. También, reclamar datos públicos de uso real de Prevención10.es, negociar objetivos de recolocación medibles y tejer redes de delegados sectoriales en construcción, transporte, agricultura, hostelería y metal, ámbitos con mayor número de accidentes graves y mortales.

Además, pensamos que es necesario impulsar un observatorio tripartito que evalúe la eficacia del gasto, presionar para que el INSST publique cuadros de mando abiertos sobre siniestralidad sectorial y asegurar que los riesgos emergentes (desde la IA hasta el cambio climático) se incorporen a los proyectos de innovación financiados con fondos de la Seguridad Social.

También consideramos que habría que lograr que los presupuestos reflejen las necesidades reales, que los proyectos de I+D+i produzcan mejoras tangibles y que los planes de recolocación reduzcan de forma verificable las incapacidades permanentes. Desde USO exigimos planes de vigilancia de la salud específicos, políticas de prevención del cáncer laboral, controles de exposición a sílice y amianto y medidas frente a trastornos musculoesqueléticos, agentes biológicos y riesgos psicosociales.

Esta resolución ofrece un marco preventivo útil, pero su éxito dependerá de la presión sindical para que las mutuas rindan cuentas, los fondos se empleen con rigor y las personas trabajadoras (especialmente en pymes y sectores de alta siniestralidad) se beneficien de intervenciones reales y evaluables. En USO continuamos reivindicando que cualquier mejora que pueda emanar de las Administraciones, ponga la salud y seguridad de las personas en el centro por encima de intereses económicos.