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La Conferencia Wage-Up concluye con un mensaje claro: defender la negociación colectiva frente a intentos de debilitar derechos sociales

USO ha participado en la Conferencia Final del proyecto Wage-Up, representado por María Recuero, secretaria general de USOC y miembro titular del Comité de Mujeres de la CES, y Carmen Alejandra Ortiz, secretaria confederal de Internacional y Desarrollo Sostenible.

La Conferencia Final del proyecto Wage-Up, organizada por el Instituto Sindical Europeo (ETUI), fue presentada y moderada por Tea Jarc e Isabelle Schömann, ambas secretarias confederales de la CES, quienes situaron el debate en el actual contexto político europeo, marcado por presiones empresariales y riesgos de debilitamiento de la agenda social.

Bajo el lema “The fight after the win: making equal pay and minimum wages a reality”, el encuentro dejó claro que la aprobación legislativa fue solo el primer paso. La verdadera batalla es ahora su aplicación efectiva.

La Directiva de Salarios Mínimos ante el Tribunal de Justicia

Uno de los debates centrales giró en torno al recurso presentado por Dinamarca, con el apoyo inicial de Suecia, ante el TJUE contra la Directiva de Salarios Mínimos Adecuados, cuestionando si la UE tenía competencia para intervenir en materia salarial.

La sentencia fue clara: la Unión Europea sí tiene competencia para establecer un marco que promueva salarios mínimos adecuados y refuerce la negociación colectiva, respetando los modelos nacionales. El fallo confirmó la validez jurídica de la Directiva y reforzó la dimensión social del proyecto europeo.

No obstante, durante el tiempo que duró el procedimiento judicial, varios Estados miembros utilizaron el recurso como excusa para retrasar la transposición. A día de hoy, no todos han cumplido los plazos y muchos siguen sin presentar los planes de acción obligatorios para fortalecer la negociación colectiva.

La conclusión compartida en la conferencia fue inequívoca: la sentencia no puede ser el final del debate, sino el punto de partida para exigir cumplimiento efectivo.

El posicionamiento de la CES: no diluir derechos

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) es contundente defendiendo que las directivas deben transponerse como suelo mínimo obligatorio, no como techo, y no puede utilizarse la fase de transposición para reabrir o vaciar normas aprobadas democráticamente. En este sentido, la Comisión debe garantizar el cumplimiento y no ceder ante presiones empresariales.

También, la CES alertó del riesgo de que, bajo el discurso de “simplificación” o del denominado ómnibus, se debiliten derechos sociales recientemente conquistados.

Salarios mínimos adecuados y negociación colectiva

La Directiva de Salarios Mínimos no impone una cuantía única europea, sino que establece un marco para promover salarios adecuados y fortalecer la negociación colectiva y ampliar la cobertura de los convenios colectivos.

En este sentido se destaca que:

  • Existen Estados con niveles de cobertura inferiores al 10 %.
  • Algunos gobiernos han optado por transposiciones minimalistas.
  • La elaboración de los planes de acción para reforzar la negociación colectiva avanza con retrasos significativos.
  • El refuerzo de la negociación colectiva fue señalado como elemento estructural del modelo social europeo.

La Directiva de Transparencia Salarial debe transponerse antes de junio. Sin embargo, existe un riesgo real de debilitamiento político. Frente a ello, el mensaje de la Conferencia Wage-Up fue contundente: la transparencia no es burocracia, es igualdad real. Sin mecanismos vinculantes no se logrará reducir la brecha salarial, y no puede permitirse que el argumento de la competitividad sirva como excusa para frenar derechos.

El panel político reunió a representantes de distintos grupos, evidenciando un amplio consenso en la defensa de las directivas. Evelina Regner (S&D) defendió la dignidad del Parlamento frente a intentos de reabrir legislación ya aprobada mediante el llamado ómnibus y señaló que cuestionar normas cerradas tras largos procesos de negociación supone una erosión institucional. Fue especialmente clara al denunciar que la resistencia empresarial a la transparencia salarial no es técnica, sino una cuestión de poder y control.

Por su parte, Özlen Demirel (The Left), alertó del cambio de mayorías políticas y del riesgo de retrocesos en derechos laborales. Insistió en que la presión sindical y social será determinante para sostener la implementación.

Jana Toom (Reneww), ofreció un análisis estructural del momento político, destacando que existe una narrativa que enfrenta competitividad y derechos sociales y una tendencia a sustituir legislación vinculante por recomendaciones. Defendió que, sin presión ciudadana y sindical, los gobiernos no priorizarán estos derechos, y advirtió del riesgo de que el discurso de “simplificación” termine generando desregulación social.

Benedetta Scuderi (Greens) conectó igualdad económica y violencia de género, defendiendo que sin independencia económica no hay posibilidad real de salir de situaciones de violencia, y que la transparencia salarial, los permisos parentales igualitarios y la regulación del trabajo de cuidados son piezas estructurales de la igualdad. Así mismo, criticó la proliferación de estrategias sin respaldo presupuestario ni propuestas legislativas concretas.

Competividad y derechos sociales: una falsa oposición

Uno de los ejes centrales del debate de la Conferencia final Wage-Up fue el intento de contraponer competitividad económica y derechos laborales. Las eurodiputadas coincidieron en rechazar esta falsa dicotomía, defendiendo que el modelo social europeo, basado en negociación colectiva, salarios adecuados y protección social, es un elemento de cohesión y fortaleza económica, no un obstáculo para el crecimiento.

La conferencia dejó un mensaje inequívoco: la competencia social europea ha sido confirmada por el Tribunal de Justicia y las directivas ya existen. El verdadero riesgo ahora es su debilitamiento durante la fase de aplicación en los Estados miembros.

La vigilancia sindical, el control parlamentario y la movilización social serán determinantes para garantizar que se refuerce la negociación colectiva, se amplíe la cobertura de los convenios colectivos, se reduzca la brecha salarial de género, se garantice la independencia económica de las mujeres y no se retroceda bajo el pretexto de la simplificación normativa.

Desde USO reafirmamos nuestro compromiso con una Europa social fuerte, basada en derechos vinculantes, igualdad real y negociación colectiva como pilar fundamental del modelo europeo.