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EAPN alerta de que la pobreza en España apenas retrocede. USO reclama que combatir la pobreza sea eje prioritario en las políticas sociales

El pasado 3 de junio se presentó en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados el XVI Informe “El Estado de la Pobreza” elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español.

El informe revela que la tasa AROPE en España no cumple con los objetivos anuales establecidos en la Agenda 2030. Para 2025, esta tasa se debería situar en un 19,1% de la población y hasta la fecha esta tasa es del 25,7%. O lo que es lo mismo, 12,6 millones de personas en España se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

Datos sobre la pobreza en España

  • La tasa de pobreza se sitúa en el 19,5%, observando una reducción lenta pero continuada. Concretamente, 9,6 millones de personas viven en pobreza, es decir, con ingresos inferiores a 12.220 euros anuales.
  • Cerca de 4 millones de personas (8,1% de la población), viven en carencia material y social severa. Dentro de este indicador se destaca el aumento en personas que no pueden hacer frente al pago de gastos imprevistos, porcentaje que aumentó medio punto porcentual respecto del año anterior, situándose en 36,4% de la población.
  • Las personas que no pueden mantener una temperatura adecuada en sus hogares constituyen el 15,9% de la población, cifra que se ha mantenido a la baja en los últimos años.
  • La proporción de personas que llegan con dificultad a fin de mes ha disminuido, sin embargo, constituye un 46%.
  • La proporción de personas de 0 a 64 años que viven en hogares con baja intensidad de empleo se ubica en el 8%, es el único indicador que mantiene una evolución necesaria para cumplir con la agenda 2030.
  • Pobreza infantil en el 33,8%. Sigue siendo de las grandes preocupaciones en España, país que lidera esta tasa en Europa. Si no se abordan las causas estructurales de la pobreza, se estará condenando a estas infancias y adolescencias a una cronificación de la pobreza.
  • La escolaridad es otro factor que influye en la pobreza, cuanto menor es el nivel de estudios de las personas, mayor es la probabilidad de sufrir pobreza y/o exclusión social. En 2025, la pobreza alcanzó al 35,3% de personas con educación primaria o inferior; al 31,5% con estudios de secundaria primera etapa; al 24,6% de personas con estudios secundarios de segunda etapa, y al 13,9% de personas con educación superior.
  • La nacionalidad es otro factor a destacar: el 53,5% de las personas extranjeras se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
  • La vivienda se identifica por la EAPN como el principal factor de empobrecimiento. El 51,4% de los ingresos de las familias en situación de pobreza que viven en alquiler se destinan al pago de rentas.
  • La pobreza energética es una cuestión estructural. 2 de cada 5 personas tiene retrasos en el pago de facturas de suministros, y 1 de cada 4 personas no puede calentar su vivienda en invierno.
  • La desigualdad en los ingresos sigue siendo una constante en España. En 2025, el 10% de los hogares más ricos en el país concentraron el 53,4% de la riqueza.

USO: combatir la pobreza debe ser prioritario

Desde USO creemos que combatir la pobreza debe ser un eje prioritario de las políticas sociales. Estas deben atender a las cuestiones estructurales y no solo generar efectos paliativos. Queremos que la pobreza no sea cronificada ni heredada. Por tanto, es urgente adoptar medidas para la redistribución de la riqueza y la garantía de ingresos mínimos de toda la población. Apoyamos la Prestación Universal por Crianza y exigimos que el Ingreso Mínimo Vital elimine sus trabas burocráticas de acceso.

El crecimiento económico no genera automáticamente mejores condiciones. Por eso exigimos políticas públicas que combatan la desigualdad: vivienda asequible mediante control de precios de alquiler y expansión de vivienda social. Sin vivienda digna, no hay bienestar posible.

Empleo de calidad y salarios dignos son centrales en nuestra acción sindical. Necesitamos más empleos con derechos, condiciones laborales justas y remuneraciones que permitan autonomía económica real.

Erradicar la pobreza es justicia social. Pero también es supervivencia: sin cohesión social, los derechos de ciudadanía son ficción. USO no dejará de presionar por políticas que coloquen a las personas en el centro.

Propuestas de la EAPN

En la presentación participaron Isaura Leal Fernández, secretaria segunda del Congreso de los Diputados, quien destacó la importancia del informe y asumió que los avances en materia de lucha contra la pobreza son insuficientes y que las medidas en esta materia deben ser consolidadas y asumidas con un mayor compromiso político.

María del Carmen Poveda, representante del grupo de participación de EAPN-ES, puso el énfasis en que la pobreza y la exclusión social no son condiciones ajenas a nuestra realidad. Todas y todos podemos entrar en este tipo de situaciones y, lo importante, es que haya respeto, dignidad e igualdad de oportunidades.

Por su parte, Carlos Susías, presidente de EAPN-Es y EAPN Europa señaló en su intervención que el crecimiento económico no erradica la pobreza por sí mismo. Para lograr este efecto es necesario implantar medidas focalizadas que busquen atacar el problema estructuralmente y no solo paliando sus efectos, implantándose en tres ejes prioritarios: pobreza, vivienda y empleo.

Susías destacó que, si bien la tasa AROPE bajó una décima respecto del año pasado, esto es insuficiente, ya que, de seguir este ritmo, llevará 257 años terminar con la pobreza. En el caso de las mujeres, esta situación se agrava, alcanzando los 268 años, frente a loso hombres, en cuyo caso llevaría 245 años. En cualquiera de estos supuestos, los plazos son inaceptables y es necesario actuar urgentemente, reforzando las medidas que a la fecha ya existen y creando nuevas estrategias para combatir la pobreza.

A la vista de los datos, EAPN propone abordar la desigualdad y combatir la pobreza y exclusión social en España, con la intervención en tres pilares específicos:

  • Garantía de ingreso durante todo el ciclo vital de la población.
  • Vivienda asequible, pública y social, cuyo acceso no supere el 30% del salario de la población, protección ante desahucios.
  • Empleo digno y de calidad.