En una decisión publicada el 20 de noviembre, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha determinado que Suecia violó la Carta Social Europea varios aspectos. Con el apoyo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES ), sus dos filiales suecas Landsorganisationen i Sverige ( LO) y Tjänstemannens Centralorganisation (TCO ) presentaron una queja contra Suecia por la denominada legislación de “Laval” que antepone las libertades económicas a los derechos de los trabajadores y que venía avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicha jurisprudencia había restringido considerablemente los derechos de los sindicatos con respecto a los trabajadores desplazados amparándose en las “libertades económicas fundamentales” a las que otorgaban un rango superior a los derechos sociales fundamentales. Los sindicatos de toda Europa, siempre han criticado duramente esta jurisprudencia.
La USO ha mostrado una gran satisfacción ya que esta decisión la consideramos como un “justo” rechazo a las líneas de actuación de la Comisión Europea y a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea intentando que predominen las libertades económicas frente a los derechos de los trabajadores. Además USO ha dirigido un mensaje de felicitación a los sindicatos suecos LO y TCO por su ahínco y constancia en salvaguardar las garantías laborales de quienes realizan su trabajo en otro país de la UE.
En su denuncia ante el CEDS, la LO y TCO argumentaron que la legislación sueca no era conforme con el derecho de huelga y de negociación colectiva, tal como se estipula en la Carta Social Europea revisada. También expresaron la opinión de que los trabajadores desplazados debían tener los mismos derechos que los trabajadores migrantes. En su decisión, el CEDS ha apoyado el punto de vista sindical .
La Secretaria General de la CES, Bernadette Ségol ha dado la bienvenida a este resultado afirmado que “esta decisión reconoce los derechos de los sindicatos para proteger a los trabajadores desplazados. Se obliga al Gobierno sueco para a adaptar la legislación a estos requisitos. Al mismo tiempo que critica indirectamente a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia por no tener los derechos sociales suficientemente en cuenta. Por lo tanto, se abre una nueva etapa para tumbar esta jurisprudencia . El Tribunal de Justicia debe ahora cambiar su jurisprudencia y dar a los sindicatos de todos los derechos colectivos que necesitan para proteger a los trabajadores desplazados de manera eficiente”.
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