• El Pleno determina que la empresa no puede decidir quién cubre los servicios mínimos en una huelga

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de USO y ha declarado que se vulneró el derecho fundamental a la huelga en los servicios mínimos fijados para la huelga del personal de asistencia en tierra de Ryanair e Ihandling Aviation en 2022.

La sentencia, de 3 de noviembre de 2026, es el segundo éxito de USO ante el Pleno en materia de servicios mínimos, tras la STC 62/2026, de 22 de septiembre, en el caso de la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair.

USO impugnó la resolución de 27 de octubre de 2022 de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al considerar que los servicios mínimos decretados eran abusivos, excesivos e inmotivados. Asimismo, denunció que, en los días en que la huelga coincidía con la de los tripulantes de cabina, se aplicaban los mismos criterios, sin tener en cuenta la esencialidad propia del servicio de handling y de que cada huelga debe ser tratada de forma individualizada.

En este caso, la Audiencia Nacional dio la razón a USO, siendo revocada la sentencia por el Tribunal Supremo, aunque con votos particulares que respaldaban los argumentos del sindicato. USO presentó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, con el apoyo de la Fiscalía, y el Pleno ha confirmado la tesis sindical.

Fijación del personal de servicios mínimos

El Constitucional establece en este caso que atribuir a la empresa un amplio margen para determinar el personal mínimo necesario puede suponer un apoderamiento a favor de quien no es la autoridad gubernativa. Esto ocurre cuando lo delegado va más allá de la mera ejecución de las medidas y afecta al propio contenido y delimitación del derecho.

Es, por un lado, incompatible con la garantía de imparcialidad que exige que sea la autoridad pública quien fije los servicios mínimos, y, por otro lado, vulnerador del derecho a la huelga.

El Tribunal añade que los servicios mínimos deben ser fijados por la autoridad, como tercero imparcial ajeno al conflicto, y establecerse con claridad y precisión, con arreglo al canon de motivación reforzada. Solo así las partes pueden conocer y contrastar los criterios empleados y los jueces pueden fiscalizar la proporcionalidad del sacrificio del derecho.

Además, la resolución debe definir con precisión la actividad que se preserva y el ámbito subjetivo de la restricción del derecho de huelga, es decir, a qué trabajadores afecta. La empresa solo puede ser llamada para “complementar técnica o funcionalmente” esos servicios, o para su ejecución y puesta en práctica.

Para el Constitucional, dejar a la discrecionalidad de la empresa medidas que permitan alcanzar el funcionamiento normal “entra en abierta contradicción con la caracterización del servicio como mínimo”.

Reafirmar el pleno ejercicio del derecho a huelga

Estrella Zambrana, letrada de la Asesoría Jurídica de USO que ha defendido estos recursos, valora la sentencia como una reafirmación del pleno ejercicio del derecho fundamental de huelga.

Del pronunciamiento del Constitucional puede desprenderse que las resoluciones que fijen servicios mínimos en una huelga ya no pueden limitarse a proteger un porcentaje de vuelos, servicios o frecuencias y dejar en manos de la empresa la decisión de qué trabajadores los cubren. El Tribunal exige que la resolución defina con precisión el ámbito subjetivo de la restricción del derecho de huelga y que lo haga con criterios objetivos, explícitos y verificables.

De esta forma, se acota el papel de la empresa, que completa técnica y funcionalmente los servicios mínimos y los ejecuta, pero no decide a quién se le restringe el derecho a huelga ni adoptar medidas que permitan la actividad más allá del mínimo.

El Constitucional viene a reforzar la capacidad de un sindicato de convocar huelgas en servicios esenciales para que las resoluciones de servicios mínimos, a partir de ahora, no se limiten a apoyarse en referencias sectoriales o a remitir a la empresa la concreción de la plantilla.