El adelanto electoral paraliza la reducción de jornada, la reforma del despido y más de una decena de leyes laborales y sociales pendientes

La convocatoria de elecciones generales para el 29-N tiene un coste para los derechos de las personas trabajadoras al paralizar la aprobación de leyes y normas pendientes y que no sabemos si volverán a ver la luz. La disolución de las Cortes, anunciada el 5 de octubre, provoca la caducidad de todos los proyectos de ley o iniciativas en trámite, tal y como establece el artículo 207 del Reglamento del Congreso.

Desde USO repasamos todas las leyes laborales y sociales pendientes que quedan sin aprobarse con la convocatoria de elecciones generales.

¿Qué leyes quedan paralizadas en materia laboral?

En materia laboral, las leyes, reformas y normas que por el momento no verán la luz son:

  • Reforma del registro horario. Esta reforma pretendía avanzar hacia un registro horario digital, objetivo, fiable, accesible y difícil de manipular, reforzando el control efectivo de las horas realmente trabajadas. Desde USO defendemos que el registro debe servir para acabar con las horas extraordinarias no pagadas y con la manipulación de los sistemas de fichaje.
  • Jornada de 37,5 horas. La propuesta planteaba reducir la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales sin reducción salarial. Estaba de nuevo en revisión tras contar una primera ronda con los votos en contra de PP, VOX y Junts. A este aspecto, hemos reclamado ir más allá y alcanzar las 35 horas semanales sin pérdida de salario, junto con un registro horario real y efectivo.
  • Estatuto del Becario, o de las personas en formación práctica laboral. Su objetivo es reforzar los derechos de quienes realizan prácticas y evitar que las empresas utilicen a personas becarias para cubrir puestos de trabajo. Llevamos años reclamando acabar con los falsos becarios, limitar las horas de prácticas, garantizar sus jornadas y turnos, proteger frente al acoso y garantizar su salud y derechos laborales.
  • Reforma del despido, para adaptarlo a la Carta Social Europea. La reforma pretendía revisar el actual sistema de despido para garantizar indemnizaciones adecuadas y disuasorias.
  • Reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Reglamento de Servicios de Prevención. La nueva regulación debía actualizar la prevención ante los nuevos riesgos laborales y reforzar la protección de las personas trabajadoras. Desde USO hemos presentado alegaciones para incorporar, entre otras cuestiones, la perspectiva de género y edad, los riesgos psicosociales, los riesgos climáticos y ambientales y una organización preventiva que evite la externalización y precarización de los servicios de prevención.
  • Proposición de ley para eliminar los coeficientes reductores para la jubilación anticipada sin penalización para quienes acrediten más de 40 años cotizados. La iniciativa pretendía evitar que quienes han tenido carreras de cotización especialmente largas sufran penalizaciones al acceder a la jubilación anticipada.
  • Bonificaciones a las cuotas patronales de la Seguridad Social para las empresas de Ceuta y Melilla. La medida buscaba reforzar los incentivos a la contratación y el mantenimiento del empleo en ambas ciudades autónomas mediante reducciones de las cotizaciones empresariales.
  • SMI para 2027. El Ministerio de Trabajo y Economía Social está acelerando los procesos para su aprobación antes de las elecciones a través de la Diputación Permanente. Desde USO defendemos que el SMI se actualice anualmente por ley hasta alcanzar el 60% del salario medio. También, ha presentado alegaciones para que su evolución responda a criterios sociales, que los pluses no puedan utilizarse para absorber las subidas del SMI y que se refuerce el papel de la Inspección de Trabajo.

Normas de igualdad pendientes de tramitación y aprobación

Las leyes y normas en materia de igualdad que se quedan en el cajón son:

  • Ley de Violencia Vicaria. El proyecto pretende reconocer expresamente la violencia vicaria vinculada a la violencia de género, mejorar la protección de los hijos, hijas y personas dependientes y reforzar la respuesta penal, judicial y social. Hemos valorado su aprobación inicial y reclamado recursos suficientes, formación especializada y que la protección de las víctimas no quede condicionada por prejuicios o interpretaciones subjetivas
  • Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos. Busca ofrecer una respuesta integral frente a la trata, combinando prevención, persecución del delito y protección y atención a las víctimas. Respecto a esta ley, reclamamos su aprobación y dotación presupuestaria, la transposición ambiciosa de la normativa europea y el refuerzo de la Inspección de Trabajo para detectar situaciones de explotación laboral.
  • Ley contra las terapias de conversión LGTBI. La iniciativa pretendía reforzar la protección de las personas LGTBI frente a las denominadas terapias de conversión y perseguir prácticas destinadas a modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género. Pese a haber sido aprobada en el Congreso, estaba pendiente su aprobación en el Senado. Su caída supone dejar pendiente una regulación específica frente a unas prácticas que vulneran la dignidad y los derechos de las personas LGTBI.
  • Ley de Familias. La norma pretendía reconocer y proteger la diversidad familiar y ampliar los derechos vinculados a cuidados, conciliación y crianza.
  • Protección de menores en entornos digitales. Con esta iniciativa, se buscaba reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos asociados al uso de internet y las redes sociales, especialmente frente a contenidos perjudiciales y situaciones de exposición o vulnerabilidad.
  • Ley de Juventud. Quizás una de las leyes más innovadoras que quería plantear el Gobierno, que por primera vez en España pretendía establecer un marco integral de políticas públicas dirigidas a las personas jóvenes, abordando cuestiones como empleo, emancipación, formación, participación y acceso a derechos. Su caída deja nuevamente pendientes medidas específicas para hacer frente a la precariedad y las dificultades de emancipación juvenil.
  • Ley de Asilo y reforma de la Ley de Extranjería. Ambas reformas pretendían actualizar el sistema de protección internacional y la normativa de extranjería.

¿Qué otras normas se quedan sin tramitar?

Junto a estas leyes y normas, otras de diferente calado y ámbito también se han quedado sin ver la luz en esta legislatura:

  • Ley de Función Pública de la Administración General del Estado. Su objetivo era actualizar el marco de la función pública y regular cuestiones relacionadas con la carrera profesional, evaluación, promoción y condiciones de los empleados públicos.
  • Ley de Pacientes. Queda pendiente la reforma destinada a reforzar los derechos de los pacientes y actualizar el marco de derechos y garantías en el ámbito sanitario.
  • Estatuto Marco del personal sanitario. La reforma del marco laboral del personal estatutario sanitario también queda condicionada por el adelanto electoral. Se trata de una norma especialmente relevante para las condiciones de trabajo, organización y derechos laborales del personal de los servicios sanitarios públicos.

Desde USO lamentamos que cuestiones que afectan directamente a las condiciones de trabajo, los salarios, las pensiones, la prevención de riesgos y los derechos sociales queden nuevamente pendientes. USO seguirá defendiendo estas reivindicaciones con independencia y reclamando al próximo Gobierno y al nuevo Parlamento que conviertan los derechos de las personas trabajadoras en una prioridad desde el primer día.