USO y la CES exigen medidas urgentes a Europa en materia de debida diligencia para obligar a las empresas a responsabilizarse de sus decisiones y proteger a los trabajadores
En diciembre de 2023, Europa alcanzó un acuerdo político histórico para legislar en materia de debida diligencia, obligando a que las empresas respetaran los derechos humanos y el medio ambiente.
El pasado 28 de febrero, sin embargo, el Consejo Europeo no respaldó esta directiva en su votación.
En este sentido, USO, junto con la CES, denuncia que la UE sitúa, con esta decisión, a las empresas por encima de la ley, brindándoles impunidad, y urge a que se lleve a cabo la aprobación de la directiva antes de que acabe el actual mandato del Parlamento Europeo.
Un acuerdo para poner fin a la explotación corporativa
En diciembre, los legisladores de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo político sobre los aspectos más polémicos de las normas para la conducta empresarial que iban a establecerse en una futura directiva. Esta normativa recogería que las grandes empresas multinacionales tuvieran que responder ante los riesgos que generaran hacia los trabajadores, las comunidades o el medio ambiente.
Entre los aspectos más relevantes se encontraba la inclusión de la responsabilidad civil por parte de las empresas, lo que permitiría a las víctimas exigir responsabilidades a estas ante los tribunales europeos.
La Confederación Europea de Sindicatos (CES), además, resaltaba que el texto alcanzado en el acuerdo incluía otros aspectos positivos como un papel relevante a los sindicatos y a los representantes de los trabajadores en las estrategias de diligencia debida y el plan de negocios. También garantizaba que muchas más empresas de la UE y de fuera de la UE rindieran cuentas de sus operaciones, incluidas las pequeñas y medianas empresas como parte de las cadenas de suministro.
Los Estados miembros dejan atrás a millones de trabajadores
A pesar de los avances históricos que suponía el acuerdo alcanzado, el pasado 28 de febrero varios Estados miembros bloquearon la aprobación de esta importante normativa sobre debida diligencia en Europa. Este bloqueo se atribuye, en gran medida, a los grandes Estados miembros, con la abstención de Alemania a la que siguieron varios países, y el intento de Francia de multiplicar por diez el umbral de las empresas, de forma que la mayoría no se vieran afectadas por la nueva ley.
Este bloqueo supone un duro revés por establecer una legislación vinculante sobre la responsabilidad de las empresas en las violaciones de derechos humanos y del medio ambiente.
USO, junto con la CES denuncia que los Estados miembros han enviado un mensaje alarmante a millones de trabajadores, consumidores y ciudadanos en Europa y en todo el mundo: situar a las empresas por encima de la ley, para que puedan seguir violando los derechos humanos, en particular, los sindicales y de los trabajadores.
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