Un año más se ha resuelto la convocatoria de Acciones Directas e Indirectas Territoriales de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales con la denegación sistemática de asignación de recursos a todos los proyectos presentados por la USO.
De igual modo que en ocasiones anteriores y a pesar de la calidad de los proyectos elaborados, se ha alegado “insuficiencia presupuestaria” para no aprobar las acciones presentadas por USO. Insuficiencia consecuencia de que previamente se habían repartido los fondos entre los propios decisores.
La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales es una Fundación de carácter público estatal que se financia con dinero procedente de las cuotas de la Seguridad Social de todos los trabajadores y trabajadoras. Su finalidad, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y sus propios estatutos, es promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas.
En el informe que realizó el Tribunal de Cuentas sobre la Fundación y que recientemente fue presentado en el Congreso de los Diputados, se alerta de un posible reparto previo en la asignación de recursos, no previsto legalmente, así como de la clara distorsión en la asignación de recursos al ser los beneficiarios juez y parte.
Ese posible reparto previo se hace patente una vez más en la asignación de recursos para la realización de acciones del presente año, que finalmente ha quedado como puede verse en los siguientes gráficos:
Los gráficos muestran un reparto de fondos casi idéntico al del año pasado y a años anteriores. Según el Tribunal de Cuentas, el procedimiento de solicitud y concesión de las acciones podría ser contrario a los principios de concurrencia, transparencia, objetividad y no discriminación que deben regir a las entidades públicas.
Desde la USO, exigimos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como responsable de los fondos públicos que gestiona la Fundación, que ante este reparto arbitrario tome medidas e imponga criterios de calidad, objetivos y transparentes en la asignación de recursos. El dinero público destinado a la Fundación debe emplearse para promover la Prevención de riesgos Laborales y no para beneficiar a las entidades que forman parte de su patronato.
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