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USO valora los avances de la Comisión a la vez que reclama políticas internas, mecanismos de control efectivos, y garantizar el derecho a la desconexión

La Comisión Europea ha dado un nuevo paso hacia el establecimiento de una Directiva europea que garantice el derecho a la desconexión digital y regule el teletrabajo. Se trata del inicio de la segunda fase de conversaciones con los interlocutores sociales, que deben dar respuesta antes del 6 de octubre.

Estas conversaciones recabarán las opiniones de los interlocutores sociales sobre una posible iniciativa a escala europea, garantizando un teletrabajo justo y de calidad para los trabajadores. Concretamente, la Comisión ha invitado a los interlocutores sociales a compartir sus puntos de vista sobre:

  • Derecho de los trabajadores a la desconexión.
  • Teletrabajo justo y de calidad, incluida la no discriminación, el acceso a los equipos, la protección de datos y la supervisión.
  • Seguridad y salud en el trabajo.

La Comisión ha informado a su vez que, tras esta consulta, los interlocutores sociales podrán iniciar negociaciones entre ellos. Alternativamente, la Comisión analizará las respuestas y considerará la posibilidad de actuar a nivel de la UE, respetando plenamente las competencias nacionales.

Este paso, aunque tardío, supone una victoria parcial para las organizaciones sindicales que llevamos años denunciando los abusos derivados de la hiperconectividad, el trabajo a demanda y el impacto en la salud mental de las personas trabajadoras. La CES, de la que USO forma parte, ha venido denunciando reiteradamente la ausencia de un marco normativo vinculante que garantice el respeto a los tiempos de descanso en la era digital.

Según la CES, “los trabajadores y trabajadoras ya tienen derecho a desconectar, pero es urgente una directiva que lo haga efectivo en la práctica”. Así mismo, advierte que llega tarde y que millones de personas en Europa siguen sin estar protegidas frente a la conectividad forzada y los abusos del teletrabajo.

Un contexto laboral marcado por la hiperconectividad

Durante la pandemia, el teletrabajo se impuso de forma masiva y sin garantías. Aunque esta modalidad ofreció soluciones de emergencia, también dejó al descubierto carencias estructurales en la legislación laboral europea. Al mismo tiempo, incrementó los riesgos psicosociales: estrés, fatiga digital, jornadas laborales interminables y dificultad para conciliar la vida laboral y personal.

Cabe destacar que la propia Comisión reconoce en su comunicado que “las nuevas formas de organización del trabajo, impulsadas por la digitalización, requieren respuestas políticas eficaces para garantizar un trabajo decente y justo en el entorno digital”, incluyendo la necesidad de una desconexión efectiva y de condiciones mínimas para el teletrabajo negociadas con los agentes sociales.

España: pionera, pero lejos de la plena garantía

En el caso de España, el derecho a la desconexión digital está reconocido desde 2018 por la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). En su artículo 88 establece la obligación de empresas y Administraciones de garantizar que el personal pueda desconectar fuera del horario laboral. Asimismo, este derecho ha sido incorporado al Estatuto de los Trabajadores (art. 20 bis) y al Estatuto Básico del Empleado Público (art. 14 j bis).

Sin embargo, desde USO alertamos que la existencia de una norma no equivale a su cumplimiento. Según estudios recientes, más del 30 % de las personas trabajadoras siguen recibiendo mensajes de trabajo en sus vacaciones y 2 de cada 3 no logran desconectar al finalizar la jornada. Esto pone en entredicho la eficacia de la legislación actual.

A ello se suma la falta de sanciones específicas y la escasa supervisión por parte de Inspección de Trabajo, así como una cultura corporativa aún basada en la disponibilidad permanente. Muchos trabajadores temen represalias si no responden fuera del horario, mientras que en el teletrabajo es habitual que las jornadas se alarguen sin límite claro.

Derecho a la desconexión digital: avances y carencias del nuevo proyecto de ley

El pasado 6 de mayo el Consejo de Ministros aprobó y remitió a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión, estando actualmente en proceso de tramitación parlamentaria.

Si bien, el proyecto de Ley puede sufrir modificaciones en su trámite parlamentario, no está claro que reúna los apoyos suficientes para ser finalmente aprobado. Teniendo en cuenta este contexto, el proyecto de ley incorpora avances en materia de desconexión digital. La modificación del artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores refuerza el derecho de las personas trabajadoras a la intimidad digital y, especialmente, a la desconexión fuera del horario laboral. El texto establece como irrenunciable este derecho, prohibiendo expresamente cualquier solicitud de prestación laboral, comunicación empresarial o localización fuera de la jornada pactada. Además, trata de proteger legalmente a quien no atienda estas comunicaciones, garantizando que no sufra represalias, trato desfavorable ni consecuencias profesionales. Esta garantía se extiende a través de la negociación colectiva, que podrá concretar excepciones en casos de urgencia justificada.

Desde USO valoramos que se refuerce normativamente el derecho a la desconexión y se recoja con más claridad en el marco jurídico laboral. El texto legislativo, aunque mejora la redacción actual del artículo 20 bis y lo articula con la Ley de Trabajo a Distancia, sigue siendo insuficiente si no va acompañado de mecanismos reales de aplicación, inspección y sanción.

La desconexión digital no puede quedarse en una mera declaración de principios. En la práctica, muchas personas trabajadoras siguen recibiendo mensajes laborales fuera de su jornada, especialmente en modalidades de teletrabajo sin límites claros. Desde USO creemos que es necesario establecer políticas internas obligatorias en todas las empresas, mecanismos de control efectivos, y garantizar que el ejercicio de este derecho no dependa de la buena voluntad empresarial, sino de herramientas reales que lo hagan exigible y vivible.

La visión de USO: derechos reales y garantizados

Desde USO valoramos los pasos dados por la Comisión Europea, pero insistimos en que es necesario avanzar hacia una directiva vinculante, negociada con los sindicatos, que garantice:

  • La prohibición expresa de comunicaciones laborales fuera del horario pactado.
  • El derecho a no responder sin sufrir consecuencias profesionales.
  • La obligatoriedad de establecer políticas internas de desconexión en todas las empresas.
  • La incorporación del derecho a la desconexión y del teletrabajo justo en la negociación colectiva.
  • Inspección y sanciones disuasorias ante el incumplimiento.
  • Teletrabajo regulado bajo los principios de voluntariedad, reversibilidad, dotación de medios y prevención de riesgos psicosociales.

Exigimos que el teletrabajo deje de ser una forma de externalización informal del trabajo y se regule por los principios de voluntariedad, reversibilidad, dotación de medios, prevención de riesgos psicosociales y desconexión efectiva.

Como sindicato comprometido con los derechos laborales en el entorno digital, USO ya ha expresado su posición en diversas plataformas nacionales e internacionales. En nuestra página web hemos publicado análisis detallados y campañas de sensibilización sobre la desconexión digital, especialmente dirigidas a trabajadores públicos y a quienes teletrabajan.

Un trabajo decente en la era digital empieza cuando el dispositivo se apaga

En un mundo donde las tecnologías permiten el trabajo 24/7, el derecho a desconexión no puede seguir siendo un lujo o una recomendación. Debe ser un derecho efectivo, supervisado y protegido. Su cumplimiento no solo tiene que ver con la calidad del empleo, sino con la salud, la conciliación y la dignidad de las personas trabajadoras.

Desde la Secretaría de Internacional y Desarrollo Sostenible de USO hacemos un llamamiento a las instituciones europeas para que aceleren la tramitación de esta directiva. Y pedimos a los Gobiernos nacionales que refuercen la legislación interna, dotando de medios a la inspección y apoyando la acción sindical.