Manifiesto 28 de abril: USO sitúa el cambio climático y los 735 muertos en 2025 en el centro del debate sobre prevención laboral
Un año más recordamos este 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a los trabajadores y trabajadoras que han fallecido o lesionado en el trabajo o en el camino de ida o vuelta. Sin olvidar a quienes enferman y tienen que padecer, además de su dolencia, el sufrimiento de tener que pelear, hasta las últimas consecuencias, el reconocimiento del origen laboral de su mal.
Desde USO queremos tener muy en cuenta a los familiares de las víctimas de accidentes laborales que, además de sufrir la pérdida de un ser querido, tienen que esperar más de cinco años, en algunos casos incluso diez, a que llegue una sentencia debido a la lentitud en investigaciones o procesos judiciales. Pedimos para ellos justicia y reparación.
735 personas trabajadoras muertas en accidente laboral
Tenemos que lamentar la muerte de 735 personas por accidente laboral en 2025, de ellas, 584 murieron en su jornada laboral y 151 en desplazamientos al trabajo. Son cifras inasumibles que evidencian el fracaso del sistema de prevención y la falta de prioridad real de la salud de las personas trabajadoras.
A esta situación se suma un problema estructural de la infradeclaración de enfermedades profesionales. España continúa muy por debajo de los niveles de reconocimiento de otros países europeos, ocultando miles de patologías derivadas del trabajo. Esta invisibilización agrava el problema y dificulta su prevención, en un contexto marcado por la precariedad, el envejecimiento de la población trabajadora, la cronificación de los trastornos musculoesqueléticos y el aumento de los riesgos psicosociales.
El cambio climático, riesgo laboral de primer orden
Pero, además, enfrentamos un desafío creciente: el cambio climático como riesgo laboral de primer orden. Ya no se trata de una amenaza futura, sino de una realidad presente que está transformando las condiciones de trabajo. El aumento de temperaturas, las olas de calor, la contaminación del aire, los incendios, las inundaciones y otros fenómenos extremos están incrementando la siniestralidad, agravando enfermedades y poniendo en riesgo la vida de millones de personas trabajadoras.
Según la última encuesta de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2025), una parte significativa de la población trabajadora ya percibe el impacto de los riesgos medioambientales sobre su seguridad y salud. Esta percepción responde a una realidad: cada vez más sectores —desde la construcción y la agricultura hasta los servicios y el trabajo en interiores mal acondicionados— están expuestos a condiciones climáticas adversas.
La Organización Internacional del Trabajo, en su informe “Protección social universal para la acción climática y una transición justa (2024-2026)”, alerta de que el calor extremo provoca miles de muertes laborales y millones de lesiones cada año en todo el mundo. El cambio climático actúa además como un multiplicador de desigualdades, afectando especialmente a quienes desempeñan trabajos más precarios, expuestos o con menor capacidad de protección.
Sin embargo, la respuesta es insuficiente. Denunciamos la falta de adaptación de muchas empresas, la inacción ante situaciones de riesgo extremo y el miedo de las personas trabajadoras a ejercer sus derechos y exigimos que se incluya en el TREBEP el “permiso climático” al que no tienen derecho los empleados públicos. La salud no puede seguir subordinada a la productividad ni a los costes empresariales.
Nueva ley de Prevención de Riesgos Laborales
Este año es crucial para la prevención en nuestro país, desde el gobierno se ha declarado el año 2026 como “Año de la seguridad y salud en el trabajo” y se está avanzando en la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Desde USO hemos presentado nuestras enmiendas y propuestas como, por ejemplo, introducir la perspectiva de género y edad en la prevención, reforzar el tratamiento normativo de los riesgos psicosociales, la necesidad de revisar la organización preventiva evitando la externalización y precariedad de los profesionales o incorporar de forma expresa los riesgos climáticos y ambientales.
Desde USO creemos que esta declaración es necesaria pero insuficiente, denunciamos que la salud y la seguridad de las personas trabajadoras no es una prioridad ni gubernamental, ni mediática, ni social. Tampoco las muertes en el trabajo forman parte del debate parlamentario y tampoco son materia objeto de inversión relevante en las partidas presupuestarias.
No es absentismo
Además de todo lo anterior, se está produciendo una ofensiva constante con el discurso empresarial y mediático que acusa a las personas trabajadoras de un “absentismo desbocado”. Estos mensajes mezclan de forma interesada ausencias justificadas y derechos laborales con el concepto de absentismo, trasladando la idea de que los trabajadores y trabajadoras “no quieren ir a trabajar” o “se escaquean cada vez que pueden” y ponen en duda no solo la honradez de la clase trabajadora, sino la de los profesionales del sistema público de salud. Un gran caldo de cultivo para proponer, en breve, otra vuelta de tuerca en despojar de funciones a la Seguridad Social y dar más poder a las mutuas.
Por ello, desde USO pedimos la creación de un Observatorio de estudio y análisis del absentismo laboral a nivel nacional para definir qué es y consensuar criterios para su medición y donde empresas y organizaciones sindicales, con el apoyo de las instituciones públicas, podamos abordar soluciones conjuntas poniendo el foco en la salud de los trabajadores y trabajadoras.
Reivindicamos un modelo en el que la vida y la salud estén en el centro, las muertes en el trabajo se pueden evitar si se asume la seguridad y la vida de los trabajadores como un objetivo prioritario.
Porque trabajar no puede costarnos la salud ni la vida.
NI UNA MUERTE MÁS EN EL TRABAJO.
























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