La Plataforma de Justicia Fiscal, a la que pertenece USO, que tiene como objetivos promover un sistema fiscal para España suficiente, equitativo y progresivo, y por lo tanto entre sus líneas de trabajo está la lucha contra los paraísos fiscales, no puede por menos de exigir a los responsables de Hacienda de nuestro país que sean coherentes y persigan a los presuntos defraudadores que han emergido como consecuencia de la filtración de los llamados “Papeles de Panamá”, país que hasta hace poco España consideraba como paraíso fiscal.
Con la aparición de esas informaciones, con nombres concretos, la Plataforma de Justicia Fiscal ha realizado una carta abierta al ministro en funciones, Cristóbal Montoro y a los posibles candidatos a ocupar su puesto, para exigir una actuación contundente contra las personas y entidades detectadas. En ella se recalca que en los últimos días se ha conocido “la existencia de una serie de cuentas en Panamá con las que, personas que debían tributar en España, han ocultado en fondos opacos su dinero”.
En esta carta, se hace referencia a la Lista Falciani en la que se hicieron públicos datos de evasores fiscales. Hervé Falciani, informático de HSBC, dio a conocer la lista y en ella figuraban muchos defraudadores españoles. Las organizaciones tributarias de Estados Unidos, Francia o Reino Unido, aprovecharon las listas para iniciar procedimientos judiciales contra sus defraudadores, pero sin embargo, en España, la Agencia Tributaria Española no comenzó a investigar sobre los supuestos defraudadores para exigirles su puesta al día y multas, como hubiera sido la actuación correcta prevista en el ordenamiento jurídico, sino que les dio un plazo para regularizar su situación.
“Es decir, les avisó de que, quien quisiera, podría regularizar voluntariamente su situación, como si se tratase de discrepancias en una declaración. En lugar de abrir un expediente de investigación, sobre cada uno de los sujetos implicados, se les permitió que declarasen su ocultación, evitando las grandes multas y los delitos fiscales”, apunta a Plataforma.
Con estos precedentes, la Plataforma por la Justicia Fiscal reclama “responsabilidad al titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas o, en su caso, al responsable de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para que se inicien inspecciones sobre cada una de las personas y entidades detectadas, y que no se les dé un trato de favor, privilegiándoles sobre el resto de la población”.
La Plataforma apunta que en la actualidad, son muy elevadas las diferencias de ingresos y gastos públicos para llegar a la suficiencia fiscal. A las cifras de recortes llevadas a cabo en los últimos y el notable incremento de los pagos de intereses de la deuda, ahora hay que añadir que el actual Gobierno no ha reducido lo suficiente el déficit y aumentado la reducción significativa del Fondo de la Seguridad Social, por lo que se vuelven a agravar las dificultades para mantener un estado de bienestar que garantice los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
La carta finaliza reclamando una rápida actuación frente al alto nivel de fraude fiscal y social para lo que “es imprescindible que el próximo gobierno elabore una Ley contra la Evasión y la Elusión Fiscal, y que la Hacienda pública investigue a todos los grandes defraudadores que, con su actuación, van en contra del bienestar de la población española, obligándonos a los contribuyentes a pagar más impuestos o recibir menos prestaciones públicas”.
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