Tras casi tres años de trabajos en la Comisión del Pacto de Toledo, cuando, según los portavoces de los diferentes grupos, parecía muy cerca el consenso final y la muy esperada presentación de las recomendaciones, hemos recibido la noticia de que se ha roto la posibilidad de acuerdo, posponiendo los trabajos a la próxima legislatura.

Desde USO, “lamentamos profundamente que una comisión, creada en 1995 con el objetivo de excluir de la lucha partidista el sistema público de protección social y aportar propuestas desde el máximo consenso posible, se vea afectada por la convocatoria de elecciones generales y el interés electoralista, que han provocado la ruptura de un consenso a partir del cual se estaba procediendo a la redacción de un borrador de las 21 recomendaciones para una futura reforma, ya muy avanzado”, expone Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.

En la propuesta de esas 21 recomendaciones se abordaban, entre otros temas: la revalorización de las pensiones y el mantenimiento del poder adquisitivo; la financiación del sistema vía impuestos; la necesidad de modernizar el sistema y la información que se da al ciudadano; mejorar la gestión; luchar contra el fraude; incentivar el empleo; revisar las prestaciones de viudedad y orfandad; adecuar el tratamiento fiscal de las pensiones; vigilar la protección de las mujeres, los discapacitados e inmigrantes; mejorar la eficacia y el control de las mutuas de trabajo; controlar el tratamiento presupuestario de los recursos públicos o hacer seguimiento de las reformas propuestas por la comisión parlamentaria.

Con la ley 23/2013, que regula el factor de sostenibilidad y la revalorización de las pensiones, desarrollo de la reforma de 2011, en vigor, “la revalorización de las pensiones a través del IPC queda de nuevo en el aire y a expensas de la voluntad política del gobierno de turno. Hay que recordar que el Real Decreto-ley 28/2018 garantizaba el incremento vinculado al IPC solo para 2019 y, en él, el gobierno se comprometía a adoptar las medidas necesarias para establecer, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Pacto de Toledo, un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo. Esta situación, en las circunstancias actuales, no se va a poder producir, con lo que la incertidumbre y la inseguridad de los y las pensionistas aumenta al no saber qué criterio se va aplicar para revalorizar las pensiones a partir de 2020. Por esto, desde USO defendemos que, por encima de las medidas coyunturales o de las políticas variables de los diferentes gobiernos, es necesario una medida estructural que garantice el sistema público de pensiones como es su blindaje en la Constitución”, reivindica Sara García, quien a su vez es portavoz de la MERP.

El 17 de enero, la MERP, de la que USO forma parte, celebró un debate sobre el blindaje constitucional de las pensiones en el Congreso de los Diputados, con la participación de los portavoces del Pacto de Toledo. Allí les dejamos claro que el éxito de la MERP es conseguir unir a los diferentes grupos por un objetivo tan importante como es la defensa del sistema público de pensiones, así como nuestra reivindicación de blindarlas en la Constitución. El reto que les lanzamos a los portavoces de todos los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo fue que hicieran lo mismo, que fueran capaces de superar sus diferencias con sentido de Estado y que se unieran con el objetivo de la defensa y la mejora de nuestro sistema de protección social.

Otra oportunidad perdida, que nos hace redoblar nuestros esfuerzos para seguir luchando en la calle y en las instituciones por el sistema público de pensiones, por las pensiones presentes y futuras y por el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.