, Igualdad

El sindicato denuncia que solo el 2,2 % de las personas sordociegas tiene empleo y exige políticas públicas integrales de inclusión

En 1989, se declaró el 27 de junio como el Día Internacional de las Personas Sordociegas. Esta fecha se eligió en honor a Hellen Keller, destacada mujer que padecía sordoceguera y que fue la primera en graduarse universitariamente.

Las personas con sordoceguera son aquellas personas con un deterioro combinado de la vista y el oído que dificulta su acceso a la información, a la comunicación y a la movilidad. Esta discapacidad afecta gravemente las habilidades diarias para una vida mínimamente autónoma. Requiere servicios especializados, personal específicamente formado para su atención y métodos especiales de comunicación.

Ley 27/2007

La Ley 27/2007 establece las condiciones mínimas que deben ser garantizadas en el acceso a los derechos del colectivo. Incorpora el principio de transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, en bienes y servicios a disposición del público, transportes, relaciones con las administraciones públicas, participación política, medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información. Como podemos apreciar, la ley establece un marco amplio de actuación y sus alcances deben ser generalizados.

Para cumplir con el objetivo de la ley, además, se incorpora el principio de accesibilidad universal. Este implica que todos los bienes y servicios deben ser comprensibles, utilizables, y practicables en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Aunado a ello, se consagra la libertad de elección en la utilización de la lengua oral y/o la lengua de signos española o de las comunidades autónomas.

También establece el principio de no discriminación para que las personas sordociegas puedan llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que cualquier persona.

Estos principios y actuaciones imponen obligaciones a los poderes públicos para:

  • hacer accesibles sus servicios,
  • prevenir la discriminación contra población con discapacidad,
  • para garantizar el acceso a la educación, la salud, formación y empleo, cultura, deporte y ocio, transportes, medios de comunicación, relación con las administraciones públicas, además de prever los mecanismos necesarios para la participación política.

Las personas sordociegas en el mundo laboral

De acuerdo con el “Estudio sobre la situación de las personas sordociegas en España“, elaborado por el Real Patronato sobre discapacidad, del Ministerio de Derechos Sociales y Agendas 2030, en el año 2023, la falta de oportunidades laborales para personas sordociegas es un común denominador que les impide insertarse en el mundo laboral. En consecuencia, genera también dependencia y ausencia de un desarrollo personal integral.

La inserción laboral del colectivo es muy baja. En 2020, las personas sordociegas empleadas eran 5.000, lo cual representó el 2,2%. Se destaca la actividad de venta de cupones de ONCE como una salida profesional accesible para las personas con sordoceguera.

El bajo empleo de personas sordociegas se debe a déficits educativos, desconocimiento social, prejuicios empresariales, sobreprotección familiar, prestaciones que desincentivan el trabajo precario, y barreras de transporte y comunicación en el ámbito laboral. Estas condiciones se conjugan con baja autoestima y/o procesos de duelo relacionados con una sordoceguera sobrevenida.

La falta de accesibilidad de los puestos de trabajo, es un factor que orilla a las personas con sordoceguera a salir del mercado laboral. El empleo con apoyo, es decir, la incorporación de una persona mediadora que se encargue de acompañar a la persona con sordoceguera en su espacio laboral es fundamental para la incorporación laboral y el mantenimiento del empleo. Del mismo modo, resulta necesario sensibilizar a la plantilla para facilitar la incorporación de estas personas y crear espacios seguros, inclusivos y cómodos.

Por espacios seguros, libres de discriminación e inclusivos

Desde USO, reivindicamos los derechos de las personas sordociegas y alzamos la voz para exigir que se garanticen integralmente. Existen deudas históricas con este colectivo de población que sigue invisibilizado y con pocas opciones reales de realizar un proyecto de vida autónomo.

Por tanto, las políticas públicas deben poner en el centro la autonomía personal, la accesibilidad y el acceso en igualdad de condiciones. Pero, sobre todo, deben de ejecutarse. De nada sirven leyes que se vuelven literatura y no planes de acción ejecutables. Los cambios no se dan con la publicación de una ley, sino con políticas públicas integrales para atender a las necesidades de las personas sordociegas.

Hacemos un llamamiento a la sociedad para materializar espacios seguros, libres de discriminación e inclusivos para las personas sordociegas.