Dieciséis entidades sociales denuncian al Gobierno de España ante la Comisión Europea por incumplir el objetivo del 50% de reciclaje marcado para 2020. Exigen a la vicepresidenta Ribera y al Ejecutivo español un cambio de rumbo inmediato
USO y 15 entidades sociales han denunciado al Estado español ante la Comisión Europea por el incumplimiento del 50% del objetivo de reutilización y reciclaje para 2020 marcado por la Unión Europea. Años de políticas erráticas, porcentajes de recogida selectiva y reciclaje estancados y total desinterés para fomentar la prevención y la reutilización, han motivado a estas organizaciones a dar este paso histórico.
Durante la rueda de prensa celebrada hoy, Bruselas ha hecho público que ha aceptado a trámite la denuncia presentada.
Denuncia por incumplimiento del objetivo de reciclaje
En la denuncia presentada por las dieciséis entidades sociales se pone el foco sobre la infracción o incumplimiento de normativa comunitaria en materia de gestión de residuos por parte del Gobierno.
Concretamente, se pone en conocimiento de la Comisión Europea el hecho de que el Gobierno de España ha incumplido uno de los objetivos de preparación para la reutilización y el reciclaje de residuos domésticos y comerciales para el año 2020 (artículo 11.2 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los residuos), que se establecía en un 50% para 2020.
También se acusa al Ejecutivo de incumplir el artículo 2 de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, ya que no ha cumplido con el plazo de transposición establecido para el 5 de julio como fecha límite.
Según los últimos datos presentados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el reciclaje de residuos municipales en España se situaba en el 35% en 2018. Y esta cifra no ha variado sustancialmente en los últimos años, ni tampoco España ha puesto en marcha ninguna de las políticas que la Comisión le ha ido recomendando en los últimos años para llegar al objetivo del 50% en 2020. Por tanto, el incumplimiento resulta más que evidente y es un síntoma claro de la ineficiente gestión de los residuos en España.
Cambio de rumbo inmediato en la gestión de residuos
La lista de firmantes de la denuncia incluye a las principales ONG ambientales del estado, pero también a representantes de diferentes territorios como Baleares, Navarra, Euskadi, Catalunya o Canarias, donde se están sufriendo las consecuencias sociales, ambientales y económicas de este incumplimiento.
Estas entidades demandan un cambio de rumbo inmediato por parte de la vicepresidenta Teresa Ribera, principal responsable dentro del Ejecutivo español. Este giro de 180 grados pasa por trasponer las nuevas Directivas de residuos a través de una nueva Ley de Residuos participativa y ambiciosa, con herramientas que aseguren el cumplimiento obligatorio de los nuevos objetivos de reutilización y reciclaje.
USO, único sindicato que se suma a la denuncia
USO es el único sindicato que se ha sumado a esta denuncia porque creemos que hay que dar un toque de atención al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para cumplir los objetivos comprometidos.
“La gestión de residuos es una asignatura pendiente que, con una gestión adecuada y eficaz, además de redundar en una mejora en el medio ambiente, supondrá un aumento del empleo, la garantía de mayor seguridad laboral de las personas que trabajan en la gestión y recogida selectiva de residuos, así como una garantía de salud para la ciudadanía. Tenemos presentes ejemplos como el accidente mortal de Zaldívar donde aún se encuentra un trabajador sepultado o los riesgos tóxicos para la población fruto de vertederos descontrolados o plantas de reciclaje obsoletas”, reivindica Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.
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