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Más de un millón de muertes en la Unión Europea en 2022 eran evitables con más gasto social y sanitario

En 2022, se produjeron en la Unión Europea 1.103.000 muertes evitables de personas de menos de 75 años, según revela Eurostat. La estadística, que a todas luces estremece, revela que son defunciones que podrían no haber ocurrido si:

  • hubieran tenido un tratamiento médico oportuno: 386.710.
  • las políticas públicas de salud hubieran sido más eficaces: 725.625.

Esta cifra de muerte se traduce en 257,8 por cada 100.000 habitantes.

El estudio revela que muchas de las muertes evitables se produjeron por cardiopatía isquémica, cáncer de pulmón o accidentes cerebrovasculares. Afecciones todas ellas altamente sensibles a la detección precoz y a la calidad del sistema sanitario.

Déficit de personal sanitario

Este balance se produce a la vez que la OCDE cifra en 1,2 millones de profesionales el déficit que tiene la UE de médicos, enfermeras y matronas. Así, más de un tercio del personal facultativo y una cuarta parte del de enfermería superan ya los 55 años. Esto augura jubilaciones masivas que no tendrán relevo si no se refuerzan la formación y la contratación.

La presión asistencial desemboca en listas de espera, cierre de camas y sobrecarga crónica de las plantillas. Todos ellos, síntomas de un modelo que lleva años sometido a recortes en nombre de la disciplina fiscal.

Los topes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento volvieron a aplicarse en 2024 y hoy los gobiernos se enfrentan a coacciones para desviar más recursos a defensa o, por el contrario, sostener los servicios públicos. La aritmética es demoledora: cada punto de recorte en sanidad tiene traducción casi inmediata en mortalidad prematura. Así lo demostraron ya estudios realizados tras la crisis de 2008.

El movimiento sindical europeo alza la voz

La Confederación Europea de Sindicatos (CES-ETUC), que agrupa a más de 45 millones de trabajadores y de la que USO forma parte, ha reaccionado con contundencia al informe. Su secretaria general, Esther Lynch, calificó de “inaceptable” que “más de un millón de personas pierdan la vida cada año por falta de financiación sanitaria” y sentenció que “la austeridad mata”.

La CES reclama reformar las reglas fiscales de la UE y gravar las grandes fortunas y beneficios empresariales para reforzar la sanidad pública.

El secretario general de EPSU, la federación de sindicatos de servicios públicos, donde USO está presente a través de FAC-USO, recordó que los profesionales trabajan “en condiciones imposibles” y pidió suspender el Pacto de Estabilidad para el Gasto Social. Jan Willem Goudriaan recalcó que “incluso un modesto impuesto del 1 % sobre la riqueza extrema bastaría para cubrir las vacantes en sanidad”.

Más sanidad y más justicia social

Desde la Secretaría de Internacional y Desarrollo Sostenible de USO, además de hacer nuestras las demandas tanto de CES como de EPSU, consideramos fundamental el blindar la sanidad y la justicia social para frenar las “muertes evitables” que denuncia en su informe Eurostat.

Hay que destacar que España destina un 7 % del PIB a sanidad, frente al 8 % de la eurozona. Un 1 % más del PIB significaría un salto cuantitativo y cualitativo en los servicios prestados a la ciudadanía.

USO, a través de la Alianza Española contra la Pobreza, viene pidiendo desde hace mucho tiempo equiparar el gasto sanitario al menos a la media UE-15 (7,3 % del PIB) y situarlo fuera de los límites de déficit y deuda. Blindar ese suelo del 7 % en todos los Estados miembros permitiría reforzar atención primaria y reducir las desigualdades territoriales que nuestro sindicato ha venido denunciando desde 2019.

Déficit de personal sanitario

En cuanto al empleo en el sector de la salud, la OCDE cifra el déficit en 1,2 millones de médicos, enfermeras y matronas. Además, más de un tercio de los facultativos y una cuarta parte del personal de enfermería superan ya los 55 años.

Ante este panorama, se hace necesaria una reflexión a nivel europeo, y más concretamente en España, sobre las necesidades de profesionales sanitarios para los próximos años, invirtiendo en formación, incluso a través de los fondos Next Generation, así como revisar los procesos de homologación de títulos.

En cualquier caso, se debe de garantizar una contratación estable, mejorando las condiciones laborales, ofreciendo mejores oportunidades de desarrollo profesional y con salarios homologables. La falta de reconocimiento, la precariedad laboral y las bajas remuneraciones son factores que impulsan al personal sanitario a buscar desarrollar sus carreras y proyectos de vida fuera de España, en sistemas con mejores condiciones.

Desde USO, consideramos que el informe vuelve a poner de manifiesto la necesidad de plantear una revisión de la fiscalidad actual como base para garantizar la debida financiación a nuestros sistemas de salud. Es imprescindible garantizar una “fiscalidad justa”, que prevea impuestos a beneficios extraordinarios y grandes fortunas.

El sindicato USO participa en la Plataforma por la Justicia Fiscal, desde la que se ha respaldado la creación de un impuesto europeo sobre beneficios extraordinarios, así como de una tasa Tobin, para alimentar un Fondo Social de Salud y Cuidados. Esta vía de ingresos permitiría financiar el suelo del 7 % del PIB sanitario sin sobrecargar a las rentas del trabajo.

Evaluar el impacto social de cada euro a defensa

En cuanto al gasto militar de la UE, este creció un 30 % entre 2021 y 2024, hasta 326.000 millones de euros (1,9 % del PIB) y seguirá subiendo con el instrumento SAFE aprobado en mayo de 2025.

Ante esta perspectiva, desde USO planteamos la necesidad de garantizar que ningún incremento en defensa se lleve a cabo a costa de la financiación de nuestros sistemas sanitarios, educación o transición ecológica. En por ello se sería necesaria la introducción de una “Cláusula de no detrimento” en la que se exija una “Memoria de impacto social y de género” para cualquier partida militar superior al 0,1 % del PIB.

De cualquier manera, la participación y/o consulta sindical en la elaboración de los Presupuestos y el Semestre Europeo se antoja cada vez más importante a la luz de los datos publicados por Eurostat. El diálogo social debe ser prioritario en la agenda de la Comisión, manteniendo procesos consultivos para analizar los programas de estabilidad nacionales y los presupuestos sanitarios.

Las muertes evitables no son una fatalidad biológica

Las cifras de Eurostat prueban que la falta de inversión en salud cuesta vidas. Blindar un 7 % del PIB para sanidad, reforzar el empleo sanitario, aplicar una fiscalidad progresiva, revisar el sesgo militar del gasto y garantizar la voz de los trabajadores en cada presupuesto no son opciones, son el único camino para que la austeridad deje de matar.

USO invita al Gobierno español y a las instituciones europeas a convertir estas propuestas en compromisos concretos antes de que otro millón de muertes evitables vuelva a sacudir nuestra conciencia colectiva. Las 1,1 millones de muertes evitables no son una fatalidad biológica, sino la consecuencia política de colocar el ajuste presupuestario por encima del derecho a la vida.