Igualdad

El sindicato exige personal especializado y recursos suficientes para cumplir con la atención de 16.016 menores migrantes

El 28 de agosto entra en vigor el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, que establece la capacidad ordinaria del sistema de protección para menores migrantes extranjeros no acompañados en España. Esta normativa permitirá atender a 16.016 menores migrantes distribuidos entre las comunidades y ciudades autónomas.

Este Real Decreto permite continuar avanzando en la aplicación del Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

¿Qué es el interés superior de la infancia y la adolescencia?

El interés superior de la infancia y la adolescencia es un principio que debe guiar todas las actuaciones de las autoridades respecto a menores migrantes. Este principio, recogido en Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (art 3.1), obliga a todas las autoridades a proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes de forma prioritaria en todas sus actuaciones.

El interés superior de la infancia y la adolescencia es obligatorio y se ha incorporado en el sistema jurídico español, Con la normativa referida, se da un paso más en su incorporación jurídica al establecer una ruta específica para su incorporación en las leyes y políticas migratorias.

Redistribución solidaria

En este contexto, el interés superior de la infancia y la adolescencia se traduce en la prioridad de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes sobre cualquier otro interés, dando una prioridad de atención a menores de edad migrantes no acompañados. Para cumplir con él, se ha establecido la llamada redistribución solidaria, que consiste en la reubicación de éstos para evitar su hacinamiento y desprotección cuando la capacidad ordinaria de atención en la comunidad o ciudad autónoma se encuentre superada, así como para garantizar una acogida adecuada en otra comunidad. Esto implica acceder a una atención integral y no discriminatoria. Es decir, que las personas reubicadas puedan acceder a educación, sanidad, alojamiento digno y medidas de integración social, garantizando que en su acceso no exista discriminación.

Con el Real Decreto 743/2025 que entra en vigor se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas. Bajo este esquema, se establece la capacidad de atención de 16.016 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en el sistema de protección. La capacidad ordinaria establecida por comunidades y ciudades autónomas, es la siguiente:

  • Andalucía: 2.827
  • Aragón: 441
  • Principado de Asturias: 331
  • Illes Balears: 406
  • Canarias: 737
  • Cantabria: 194
  • Castilla y León: 783
  • Castilla-La Mancha: 692
  • Cataluña: 2.650
  • Comunitat Valenciana: 1.767
  • Extremadura: 344
  • Galicia: 886
  • Comunidad de Madrid: 2.325
  • Región de Murcia: 517
  • Navarra: 223
  • Euskadi: 731
  • La Rioja: 107
  • Ceuta: 27
  • Melilla: 28

USO exige recursos especializados para la atención de menores migrantes

Desde USO reconocemos un esfuerzo por incorporar el interés superior de la infancia y la adolescencia en el ámbito migratorio, lo que es, sin duda, un avance. Sin embargo, creemos que hace falta contar con un esquema de fortalecimiento institucional que garantice que la atención que reciben estos niños, niñas y adolescentes sea de verdad integral y favorezca su integración.

Para ello, consideramos fundamental que los espacios de acogida tengan condiciones dignas, con recursos disponibles y dotados de personal especializado, con condiciones laborales y salarios suficientes, que permita generar estrategias de trabajo individual con cada una de estas personas para garantizar un desarrollo integral, así como contar con un esquema de supervisión sólido que verifique el cumplimiento de la normativa.

Finalmente, creemos que hace falta seguir trabajando con la población en general para eliminar las prácticas discriminatorias, racistas y xenófobas que tanto daño nos hacen como sociedad y que obstaculizan la vida de la población migrante.