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USO te explica los avances impulsados esta semana para la protección de los derechos de las personas becarias: buzón de denuncia y Estatuto del Becario

En esta semana se han impulsado medidas importantes para la protección de los derechos de las personas becarias en nuestro país. Se retoma así la agenda política para proteger a las y los jóvenes, quienes, mayoritariamente, se ven afectados al realizar prácticas profesionales en las empresas. Nos referimos al buzón de personas becarias y al Estatuto del Becario.

Buzón de Personas Becarias: canal de denuncias anónimas para proteger derechos

El 2 de marzo comenzó a funcionar el buzón de las personas becarias, un canal de recepción de denuncias anónimas gestionado por el Ministerio de Juventud e Infancia, a través del Instituto de la Juventud y en coordinación con la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. En este canal se recibirán denuncias de personas becarias y ex becarias respecto que hayan sufrido irregularidades en sus prácticas.

Durante muchos años, las prácticas profesionales han sido objeto de malas prácticas empresariales, en las que, bajo la justificación de adquirir experiencia y aprendizaje, se han suplido puestos de trabajo y las empresas se han lucrado con los derechos de las personas becarias. Esta iniciativa pretende dar un cauce formal a las denuncias por estas prácticas abusivas.

¿Cómo funciona el buzón de denuncias?

El buzón de las personas becarias, ya está operativo. Si consideras que tus derechos se han vulnerado, puedes acceder a él y denunciar. Deberás responder al cuestionario para personas que han realizado formación práctica en empresas, detallar tu experiencia y aquellos supuestos en los que consideras que las prácticas profesionales que realizaste o estás realizando, corresponden a una relación de trabajo encubierta bajo el supuesto de prácticas profesionales.

Además, dispones del correo electrónico buzonpersonasbecarias@injuve.es, en el que puedes contactar si tienes dudas o necesitas más información. Todas las comunicaciones que realices deberán realizarse con confidencialidad.

Las denuncias anónimas recibidas por en Injuve serán trasladadas a la Inspección de Trabajo para que lleve a cabo las acciones que correspondan. Además del buzón de las personas becarias, el Injuve e Inspección de Trabajo han iniciado un trabajo conjunto para llevar a cabo más acciones coordinadas en favor de los derechos de la juventud, entre las que habrá campañas y acciones formativas.

Desde USO valoramos todas las medidas emprendidas para proteger y garantizar los derechos de las personas becarias. Hasta la fecha, los abusos, la explotación y la precariedad son común denominador de las personas en prácticas profesionales. Ahora bien, esperamos que esta coordinación interinstitucional se lleve a cabo de forma eficiente y eficaz, pues sería lamentable que las expectativas que se están generando para la juventud, se diluyan en un entramado burocrático que no dé los resultados esperados. Como sabemos y como hemos reiterado en varias ocasiones, la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social es una institución fundamental en la protección y garantía de los derechos laborales, totalmente sobrepasada por la excesiva carga de trabajo y con recursos limitados para un funcionamiento óptimo. Por ello, exigimos más recursos para una inspección fuerte.

Estatuto de las Personas en formación práctica no laboral

La segunda medida que pone nuevamente en la agenda política los derechos de las personas becarias es la aprobación por el Consejo de Ministros de la Ley del Estatuto de las Personas en formación práctica no laboral.

Esta ley, aprobada el 3 de marzo, seguirá su tramitación parlamentaria, debiendo convalidarse en el Congreso de los Diputados. Desde USO confiamos que la ley salga adelante porque, más allá de posicionamientos políticos, se debe privilegiar la protección de los derechos de las personas becarias. No se trata de privilegios sino de acabar con vulneraciones de derechos y de prácticas históricas que se han normalizado. Sustituir a personas trabajadoras por personas en prácticas profesionales no es una opción.

Desde USO exigimos un Estatuto de las personas en formación práctica no laboral que sea inclusiva y consagre una amplia protección de las personas becarias. Garantizar los derechos de las personas jóvenes y garantizar su inclusión laboral plena debe ser una prioridad. No queremos más simulacros ni ficción. Los derechos no se negocian, deben ser garantizados ampliamente, porque no aceptamos un no por respuesta, necesitamos garantías y no excusas demagógicas que sostengan un sistema de exclusión, precariedad y abusos.

¿Qué aspectos incluye el Estatuto del Becario?

Con esta Ley se persigue:

  • terminar con los falsos becarios;
  • limitar el máximo de horas por persona en prácticas y curso;
  • establecer garantías para las personas en prácticas respecto del desempeño de sus jornadas y turnos;
  • protección contra el acoso y el derecho a la salud en la empresa;
  • prohibición de la segregación;
  • el acceso a servicios de las personas trabajadoras deberá ser de acceso a las personas en prácticas;
  • las personas en prácticas no podrán superar el 20% de la plantilla. En el caso de las pymes se exceptúa este porcentaje y podrán contar con un máximo de 2 personas en prácticas;
  • la empresa deberá cubrir los gastos derivados de la formación que se está recibiendo, como manutención o desplazamiento;
  • obligación de firmar un convenio entre las partes en el que se establezcan las características generales de las prácticas, el lugar en el que se desarrollarán, las personas responsables de la tutorización, la retribución y un plan de formación, que deberá establecer puntualmente las labores que la persona becaria deberá de desarrollar, así como un plan de seguimiento y evaluación de las prácticas.

Dentro de los mecanismos de protección de las personas becarias se establece el respaldo de la representación legal de las personas trabajadoras para proteger sus derechos y también se establece un régimen sancionador en el que se podrá imponer una multa de hasta 225.000 euros a las empresas por infracciones graves a los derechos de las personas en prácticas.