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130 organizaciones reclaman al Gobierno que garantice el cumplimiento real de la Ley de Residuos

La Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYA —de la que USO forma parte— han participado en la consulta pública sobre la modificación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados. Las más de 130 organizaciones que integran ambas plataformas han advertido que seguir modificando la normativa no servirá de nada si las administraciones no despliegan mecanismos efectivos de aplicación, control y sanción.

Las entidades recuerdan que, cuatro años después de la aprobación de la ley, muchas medidas siguen sin desarrollarse, lo que impide avanzar hacia una economía circular real.

Una ley que no se aplica no reduce residuos

Las organizaciones señalan que la legislación española debe adaptarse a las nuevas obligaciones europeas, pero insisten en que el principal problema ya no es solo normativo, sino de ejecución. La falta de desarrollo reglamentario, de inspección y de seguimiento está frenando medidas clave como:

  • la venta sin envase de frutas y verduras,
  • la reutilización en el comercio electrónico,
  • los sistemas reutilizables para comida para llevar,
  • la regulación efectiva de vasos reutilizables en eventos,
  • y el propio Sistema de Depósito para envases de bebidas.

La secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO, Sara García, resume esta situación con claridad: “Cuatro años después de la aprobación de la Ley de Residuos de 2022, el principal problema ya no está únicamente en lo que dice la legislación, sino también en la falta de desarrollo de numerosas medidas ya aprobadas, de mecanismos de control y seguimiento y de un régimen sancionador capaz de actuar frente a los incumplimientos. Podemos seguir aprobando leyes y adaptándonos sobre el papel a las obligaciones europeas, pero una ley que no se desarrolla, no se controla y no se hace cumplir no reduce ni un solo residuo. España necesita pasar de legislar sobre la economía circular a hacerla realidad”

El bloqueo del Sistema de Depósito, ejemplo del problema

El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para envases de bebidas debe estar operativo el 22 de noviembre de 2026, según la ley. Sin embargo, el procedimiento administrativo para autorizar a las entidades que deben gestionarlo está paralizado en la Comunidad de Madrid, sin calendario conocido para su resolución.

Sara García advierte del riesgo de que esta medida fracase por falta de acción administrativa: “El Sistema de Depósito demuestra meridianamente el problema: tenemos una obligación aprobada, una fecha fijada por ley y una medida necesaria para cumplir los objetivos europeos, pero su aplicación puede fracasar porque el procedimiento administrativo permanece bloqueado. De nada sirve establecer nuevas obligaciones si después las administraciones permiten que los plazos se incumplan sin consecuencias, especialmente cuando se trata de priorizar de verdad la reducción de residuos y la reutilización”

Priorizar la prevención y la reutilización, no solo el reciclaje

Las organizaciones reclaman que la reforma refuerce la prevención como primera prioridad de la política de residuos, tal como establece la jerarquía europea. También piden:

  • impulsar la reutilización por encima del reciclaje,
  • incorporar el vidrio al futuro Sistema de Depósito,
  • desarrollar sistemas reutilizables para el comercio electrónico y el take-away,
  • y corregir prácticas que desvirtúan la reutilización en eventos y festivales.

La economía circular no puede ser tóxica

Aunque la Ley de Residuos ya prohíbe sustancias como los ftalatos y el bisfenol A, las organizaciones señalan que faltan controles y procedimientos claros para verificar que los productos que llegan al mercado cumplen realmente estas restricciones. Sin mecanismos de seguimiento y comprobación, estas prohibiciones quedan en papel

Fiscalidad y control: claves para una economía circular real

Las entidades proponen revisar la fiscalidad ambiental para que realmente incentive la prevención y la reutilización. Entre las medidas planteadas:

  • destinar la recaudación del impuesto al plástico a políticas de prevención,
  • penalizar todos los plásticos de un solo uso,
  • armonizar los costes del vertido y la incineración,
  • reducir el IVA de productos de segunda mano y reparados.

Además, reclaman reforzar la inspección, la trazabilidad y el régimen sancionador, y prohibir la destrucción de productos nuevos devueltos cuando existan alternativas seguras de borrado de datos.

España debe pasar de legislar a cumplir

USO y el resto de organizaciones recuerdan que la economía circular no se construye solo con leyes, sino con mecanismos efectivos de control y cumplimiento. Sin ellos, las obligaciones quedan en papel mojado y los objetivos europeos se alejan.