La violencia de género aumentó en 2023: el número de víctimas se incrementó un 10,30 % y el porcentaje de denuncias, un 9,46 %
Así lo revela el Informe Anual 2023 sobre Violencia de Género del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que permite conocer los datos cuantitativos del año 2023.
Más víctimas y en su mayoría de nacionalidad española
En 2023 fueron 194.658 las mujeres víctimas de violencia de género, respecto de las 176.483 que se registraron en 2022. Las denuncias por violencia de género en 2022 fueron 182.065, mientras que en 2023 se presentaron 199.282.
Las nacionalidades de las víctimas de violencia de género se reparten en un 65,22 %, españolas (126.963), frente al 34,78 % (67.695) de víctimas extranjeras.
La tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres es de 79,4 en España. Las comunidades autónomas con mayores tasas son Illes Balears con 124,8; Murcia, con 114,5; Comunidad Valenciana, con 106,5 y Canarias, con 102,1, mientras que las que tienen la tasa más baja son Castilla y León, con 52,5 y Galicia, con 53,1
En 2023, 19.500 víctimas se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar como testigo, lo cual representa que 10,2 mujeres víctimas de violencia de género por cada 100 se acogieron a esta dispensa.
Aumento de Medidas y órdenes de Protección
Las órdenes de protección incoadas han aumentado en el último año. Pasaron de 39.874 en 2022 a 42.478 en 2023, lo cual representa una variación de 6,53 %.
De esas órdenes fueron adoptadas 29.177 (68,7 %); denegadas 13.113 (30,9 %) e inadmitidas, 187 (0,4 %).
Qué comunidades autónomas otorgan y niegan más órdenes y medidas de protección
Las comunidades autónomas que más adoptan medidas y órdenes de protección y seguridad de las víctimas son Aragón con un 86 %; Illes Balears, con un 84 %; Murcia, con un 81 %, y la Comunitat Valenciana, con un 80 %. En contraste con las comunidades que más deniegan medidas y órdenes de protección que son: Madrid, con un 53 %; Cataluña, con un 52 %, y Cantabria, con un 35 % .
Quiénes son los denunciados, sentenciados y qué relación tienen con las víctimas
Los hombres denunciados por violencia de género son, en su mayoría, de nacionalidad española. Representan el 64,7 % (27.479), frente al 35,3 % (14.999) de nacionalidad extranjera.
Del total de órdenes de protección, el 15,5 % (6.594) fueron solicitadas respecto del cónyuge; el 11,1 % (4.708) respecto de excónyuge; en el 30,8 % (13.077) de solicitudes existía una relación afectiva, y el mayor vínculo con la víctima por el que se solicitaron medidas de protección es el caso de las relaciones ex afectivas que representan el 42,6 % (18.099).
Las sentencias condenatorias han demostrado un ligero aumento en 2023 constituyendo un 80,64 % respecto del 77,44 % de 2022. Cabe destacar que en 2023 se alcanzó la proporción de sentencias condenatorias más alta desde 2008.
¿Aumento dramático de la violencia y/o empoderamiento de las mujeres?
Los datos que revela el Consejo General del Poder Judicial permiten dimensionar la magnitud de la violencia de género en España. Sin embargo, nos deja más interrogantes que certezas. Si bien es cierto que hay un aumento significativo de denuncias, medidas de protección y sentencias, necesitamos que se hagan investigaciones más profundas que ayuden a comprender si es que la violencia contra las mujeres se encuentra aumentando dramáticamente, o bien, las mujeres están avanzando en sus procesos de empoderamiento y por ello acuden más a las instituciones a romper el silencio e intentar salir de las condiciones de violencia que les atraviesan.
También resulta llamativo que haya tanta disparidad en los datos de operación de las medidas y órdenes de protección, si bien es cierto, la población no es homogénea y la tarea de las y los agentes encargados de hacer cumplir la ley atiende a particularidades, también lo es que en la determinación de los casos, así como el otorgamiento de órdenes y medidas de protección opera la subjetividad personal.
Por ello, instamos a que se fortalezca la formación continua en materia de igualdad de género en el ámbito judicial. Ésta es esencial, ya que no se trata solo de aplicar una norma, sino de lograr su aplicación de forma sensible, empática y juzgar con perspectiva de género.
Desde USO reconocemos que se han establecido esfuerzos para luchar contra la violencia de género, como la recientemente anunciada especialización que se emprenderá en el poder judicial, así como las medidas anunciadas en el marco del 8M por el Consejo de Ministros y Ministras. Sin embargo, necesitamos que se otorguen garantías y certezas sobre la forma en la que actúan las instituciones públicas, para identificar y erradicar las malas prácticas que constituyen violencia institucional contra las mujeres.
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