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USO defiende que el calentamiento global en España exige una transición justa que proteja a las personas trabajadoras

Cada 28 de enero, se impulsa el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre. Es una fecha para recordar que la crisis climática no es solo un problema medioambiental, sino también social, laboral y económico. La secretaria de Internacional y Desarrollo Sostenible del sindicato USO, Carmen Alejandra Ortiz, invita a compartir que “este día nos obliga a poner en el centro la justicia social y la dignidad de las personas trabajadoras en cualquier medida que se tome para reducir las emisiones”.

Estado del calentamiento global en España

Las últimas estimaciones oficiales sitúan las emisiones brutas de gases de efecto invernadero de la economía española equivalentes en torno a 268,5 millones de toneladas de CO₂ en 2024. Es una cifra que muestra la magnitud del reto y la urgencia de actuar con decisión y con medidas justas.

En el terreno de la energía, la transformación avanza. En 2024, las energías renovables generaron más de la mitad de la electricidad en España. De hecho, informes sectoriales sitúan la aportación renovable en torno al 56 % del mix eléctrico y una capacidad instalada renovable dominante. Este es un dato positivo que demuestra que la descarbonización es técnicamente viable si hay voluntad política y planificación.

A nivel normativo, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 7/2021) fija objetivos vinculantes para 2030 y la neutralidad climática en 2050, y configura un marco en el que las políticas públicas deben orientarse hacia la reducción de emisiones y la adaptación. Para que estas metas se cumplan sin aumentar desigualdades, el papel de los actores sociales, sindicatos a la cabeza, es imprescindible.

Perspectiva sindical: por qué la acción climática debe ser justa

La transición ecológica crea oportunidades: empleos verdes; innovación y ahorro energético. Pero, a la vez, también riesgos: desplazamiento de empleo en sectores fósiles; precariedad si la formación y la negociación colectiva no acompañan; impacto en territorios dependientes de actividades emisiones-intensivas. España ha puesto en marcha marcos de “Transición Justa” que buscan minimizar impactos sociales y proteger a las personas trabajadoras. Sin embargo, su eficacia depende de financiación suficiente, planificación territorial y diálogo social real.

Desde USO, defendemos que la acción climática frente al calentamiento global debe cumplir, a la vez con la reducción efectiva de emisiones (objetivos científicos y cumplimiento legal);  la protección del empleo y los derechos laborales (planes de recolocación, indemnizaciones dignas, mantenimiento de convenios y salarios); la formación y capacitación para que las personas trabajadoras accedan a los empleos verdes con condiciones de calidad, y participación y cogobernanza en todos los planes sectoriales y territoriales, con los sindicatos negociando los ritmos y medidas de la transición.

Propuestas concretas que defendemos

En este sentido, USO defiende:

  • Planes sectoriales vinculantes con cláusulas sociales: electrificación, industria, transporte, construcción y agricultura necesitan hojas de ruta sectoriales negociadas con sindicatos y administraciones.
  • Fondos de transición gestionados con control público y social: que prioricen la reconversión laboral, inversión en municipios fragilizados y el refuerzo de servicios públicos.
  • Formación profesional y reciclaje laboral: programas estables de FP y formación continua que conecten con las necesidades reales del mercado verde (no medidas puntuales ni precarias).
  • Protección de empleo y convenios: medidas de mantenimiento de empleo, promoción de empleo estable y fomento de contratación indefinida en sectores en reconversión.
  • Lucha contra la pobreza energética como pieza central de la justicia climática: reducir tarifas, rehabilitar edificios y garantizar acceso universal a servicios energéticos básicos.

Hacia una transición con empleos de calidad

Los datos muestran que ya existen miles de profesionales en ocupaciones verdes en España y que la FP está formando cada vez más perfiles en los últimos años. Pero aún hay un “déficit” relativo entre demanda y perfiles formados: por eso la capacitación y el diseño de itinerarios profesionales claros deben ser prioritarios. Los sindicatos debemos garantizar que esos empleos sean de calidad y no precarizados.

En el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre exigimos políticas climáticas que respeten los derechos laborales; recursos suficientes para una transición justa real; negociación colectiva como herramienta central para articular la transformación industrial y productiva y la participación activa de USO en ámbitos de decisión europeos, estatales y autonómicos.

La acción sindical no es un escollo para la descarbonización. Al contrario, es la garantía de que la transición será socialmente legítima y duradera. Sin justicia social, la ambición climática se debilita y corre el riesgo de generar fracturas que retrasen o deshagan avances.

“Como secretaria de Internacional y Desarrollo Sostenible de USO, os invito a sumar fuerzas: informar en vuestro centro de trabajo, promover debates con la plantilla y la negociación colectiva, y colaborar con las Administraciones en la elaboración de planes que realmente prioricen a las personas. El clima lo cambiamos entre todas y todos, pero si no cuidamos el empleo y la cohesión social, las medidas carecerán de la base necesaria para triunfar”, concluye Carmen Alejandra Ortiz.