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Los cambios legislativos en dependencia y discapacidad siguen en punto muerto, pero falta lo esencial: financiar la Ley de Dependencia

Hace meses, se presentó y se aprobó en el Consejo de Ministros una propuesta de modificación de las Ley de Dependencia y la de Discapacidad, sin que hayan avanzado en su proceso legislativo. La iniciativa de reforma conjunta, a instancias del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, aborda diversas materias esenciales en materia de dependencia, atención a la discapacidad e inclusión social. La accesibilidad universal pasa a recibir un lugar preponderante en el abordaje de la dependencia y la discapacidad, así como la necesidad de crear respuestas acordes a la necesidad de la infancia y con perspectiva de género.

Además, se pretende transformar el enfoque asistencialista que han recibido tanto la discapacidad como la dependencia. La propuesta pone el énfasis en la autonomía, considerando esencial la voluntad, los deseos y el respeto a la toma de decisiones de las personas dependientes y/o discapacitadas.

Con esta iniciativa, se pretenden eliminar las incompatibilidades en la configuración de prestaciones económicas y servicios, así como simplificar los trámites administrativos para facilitar el acceso a los programas y prestaciones sociales a los que las personas en situación de dependencia y con discapacidad tienen derecho.

Visión integradora del sistema

Otro aspecto a destacar del proyecto es la visión integradora del sistema de atención a la dependencia. Este sistema debe estandarizarse a nivel nacional y servir como base mínima para generar centros y servicios de cuidados que garanticen que todas las personas en nuestro país en esta condición accedan a medidas de bienestar en las mismas condiciones. O, cuando menos, en cumplimiento con los estándares mínimos para proveer una atención digna.

El enfoque comunitario es también un aspecto a destacar. Se pretende modificar así un paradigma de cargas sociales e individuales para dar paso a un enfoque integral, comunitario y generador de redes. Con ello, busca consolidar un enfoque de cuidados desde la óptica de un derecho y no como un lastre social.

Abordar la discapacidad y la dependencia con un enfoque de autonomía y respeto a la dignidad y derechos de las personas debe ser una máxima en la delimitación de la ley, que debe ser cumplida y garantizada por los poderes públicos y el entorno de la persona en situación de dependencia. Respaldar la autonomía y la accesibilidad universal requieren de una serie de ajustes razonables para que las personas con discapacidad y en situación de dependencia puedan desarrollarse integralmente y realizar el proyecto de vida que más les encaje.

El cuidado de las cuidadoras

Dentro de esta estrategia de atención a la dependencia, las personas responsables de prestar cuidados recibirán una prestación cuando se trate de cuidados familiares. Además, se establecen varias medidas que buscan dignificar la actividad de las personas cuidadoras profesionales, mujeres en su inmensa mayoría.

Este aspecto es de vital importancia. El sector de cuidados es esencial. Una estrategia que pretende renovar el enfoque de atención a la dependencia y la discapacidad debe dar pasos sólidos en el cuidado a las cuidadoras, tanto en el ámbito familiar como en el profesional.

En USO defendemos que la regulación mínima de la profesión de los cuidados traspase fronteras. Europa comparte el problema del envejecimiento y de la necesidad de cuidados. Pero estos deben empezar por quienes los prestan. Debe ser una profesión reconocida, también cuando el cuidado se presta en el ámbito familiar, con protección de los derechos de las cuidadoras, tanto laborales como de salud mental y física.

Hoy por hoy, uno de los sectores más necesarios para el bienestar social y que más personal necesitará a corto y medio plazo se caracteriza por las jornadas parciales, mal pagadas y con mezcla de funciones. Las cuidadoras, muchas veces externalizadas, remiten constantemente quejas de que son utilizadas como limpiadoras o en tareas de hogar, en lugar de las funciones para las que están preparadas.

Financiar la Ley de Dependencia

A pesar de todos estos avances, en USO nos hacemos una pregunta primordial. ¿Qué financiación va a recibir la ley para aplicarla? Legislar sin dotar es una garantía de fracaso. De hecho, es el principal problema de la legislación ya vigente. Nunca ha podido desarrollarse plenamente porque carece de los fondos suficientes.

Así, algunos datos sobre la actual financiación de la dependencia nos dan una idea del problema, mucho mayor que el cambio de enfoque:

  • En 2024, el gasto en dependencia se quedó ligeramente por debajo de los 13 millones de euros. Esto supone el 0,8 % de nuestro PIB.
  • La media del gasto europeo, según un estudio de la OCDE y la Comisión, es del 1,8 % del PIB, más del doble.
  • La inversión en dependencia debía asumirse a partes iguales entre el Estado y las CCAA. En 2024, el Estado financió el 27 % del presupuesto.

En USO consideramos que el cuidado es un derecho básico y, sobre todo, un derecho humano. Por ello, la dotación debe ser suficiente para prestarlo con solvencia. Es inconcebible que, informe tras informe del Observatorio de la Dependencia, sigan figurando miles de personas que fallecen antes de ver reconocida su condición de dependiente o la prestación necesaria para compensarla.