El Acuerdo sobre Comercio de Servicios pone en riesgo el acceso universal a servicios públicos de calidad

En el contexto de una consulta de la Comisión Europea (CE ), la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) han presentado esta semana una declaración conjunta en relación con las negociaciones para un Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA) plurilateral. Para los sindicatos, la dirección de las negociaciones del TISA ha asumido riesgos que ponen en peligro el acceso universal a servicios públicos de alta calidad, por lo que debe modificarse.

El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios está siendo negociado por un grupo de países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) formado por la mayor parte de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), además de ocho países en desarrollo, que se autodefinen como los “Verdaderos buenos amigos de los servicios”. El acuerdo que se está negociando tiene por objeto liberalizar sustancialmente todo el comercio de servicios, incluyendo la construcción, los servicios financieros, los servicios públicos, así como los servicios empresariales y profesionales. El acuerdo también impone disciplinas reguladoras de los servicios públicos y otros servicios y restringe la regulación en todos los demás ámbitos.

 

Los sindicatos hacen un llamamiento a los países negociadores para que excluyan totalmente los servicios públicos del ámbito de aplicación del acuerdo. Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI considera que “los verdaderos buenos amigos de los servicios deben garantizar que la consecución y mantenimiento del acceso universal a los servicios públicos de calidad sean fundamentales para el acuerdo”.

Asimismo, la declaración señala que “un requisito previo para entablar negociaciones bien informadas es una evaluación completa del impacto del acuerdo sobre el medio ambiente y el desarrollo económico y social”. Por otra parte, con el fin de garantizar un acuerdo democrático e inclusivo, las negociaciones deben ser transparentes y accesibles al público.

Otro problema que se plantea es la inclusión prevista de una resolución sobre disputas entre inversores y los Estados que podría llegar a ser catastrófica para la posibilidad de contar con un espacio suficiente para la aplicación de políticas. La CSI y la CES hacen hincapié en que si el acuerdo ha de incluir garantías para los inversores, sería más adecuado un acuerdo intergubernamental de resolución de controversias que un proceso entre inversor y Estado.

Además, “los inversores tienen responsabilidades y es preciso que se les expliquen y se les apliquen”, ha señalado por su parte Bernadette Segol, Secretaria General de la CES. De hecho, la comunicación del movimiento sindical a la Comisión Europea insta a la introducción de normas laborales vinculantes con el fin de garantizar un nivel mínimo de convergencia y de un mecanismo de desarrollo de capacidades probado e ingenioso que facilite una convergencia gradual.

La CSI y la CES continuarán colaborando con las partes con el fin de que se cuente con la información necesaria sobre estos objetivos y principios establecidos que son de interés para las negociaciones.