Igualdad

USO exige que en el marco de coordinación estatal se pongan los derechos humanos por delante en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta

La crisis migratoria en Ceuta plantea un gran desafío que debe abordarse desde la protección de los derechos humanos, la seguridad y la asistencia humanitaria. El marco de seguridad nacional no puede convertirse en un instrumento para criminalizar la migración: su objetivo debe ser articular las medidas necesarias para proteger la dignidad e integridad de las personas. Desde USO confiamos en que el esquema de coordinación que entra en vigor hoy tenga efectos positivos en la gestión de esta crisis.

El BOE publica hoy el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declara la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta. Esta medida se establece para hacer frente a la crisis derivada de la permanencia temporal de un elevado número de personas migrantes en situación irregular, tras la afluencia masiva y simultánea registrada el pasado 30 de julio.

Con esta declaración se señala que la situación altera el normal funcionamiento de las Administraciones públicas y supera sus capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana. Además, considera que, por su alto riesgo, es necesaria la intervención coordinada de recursos de ámbito estatal y local.

¿Por qué es necesaria la coordinación en el caso de Ceuta?

La declaración se realiza al amparo de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. Ésta define la situación de interés como aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y por la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas necesarias, se requiere una coordinación reforzada de las autoridades competentes bajo la dirección del Gobierno.

En este sentido, la crisis migratoria en Ceuta afecta a distintas áreas esenciales de actuación de los poderes públicos: seguridad pública; fronteras; extranjería; protección internacional; atención humanitaria; sanidad; servicios sociales; economía; protección de personas menores de edad; transportes; defensa; acción exterior y la cooperación con la Unión Europea.

Este esquema de coordinación deberá observar los principios de legalidad; necesidad; proporcionalidad; coordinación; cooperación; protección de la vida humana; respeto a la dignidad de las personas; atención diferenciada a las personas en situación de vulnerabilidad y continuidad de los servicios esenciales.

¿Hasta cuándo estará vigente y cuál es su alcance?

La declaración afecta a la ciudad de Ceuta, su frontera terrestre, los puestos fronterizos, las costas, los puertos y las aguas adyacentes en las que España ejerza soberanía, jurisdicción o competencias.

Su duración se establece hasta el 31 de diciembre de 2026. Antes de esa fecha, el presidente del Gobierno, previo informe del Consejo de Seguridad Nacional, podrá acordar su prórroga, modificación o fin.

Esta declaración de situación de interés para la seguridad nacional no comporta la suspensión de derechos fundamentales o libertades públicas, ni habilita la adopción de medidas propias de los estados de alarma, excepción o sitio. La situación deberá afrontarse con los poderes y medios ordinarios de las distintas Administraciones.

“La crisis en Ceuta supone un gran desafío para la coordinación de las administraciones, pero también una oportunidad para demostrar el compromiso de España con los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes. Esta declaración no debe entenderse como una justificación para criminalizar la migración, sino como un marco para garantizar derechos y dar una respuesta adecuada a las personas en situación de vulnerabilidad”, valora Marisa Madrid, secretaria de Comunicación e Igualdad de USO.

Desde USO consideramos que la respuesta a la situación de Ceuta debe poner a las personas en el centro. La coordinación entre Administraciones debe traducirse en recursos suficientes, atención humanitaria y protección efectiva de los derechos, especialmente de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La seguridad no puede entenderse al margen de los derechos humanos. Una respuesta verdaderamente eficaz debe proteger a las personas, garantizar su dignidad y asegurar que nadie quede atrás.