Se renueva el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y se aprueba una inversión histórica para la lucha contra la violencia machista en los PGE

Coincidiendo con la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se anunció el acuerdo de renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que no ha sido unánime aunque sí ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos menos Vox.

El Pacto de Estado se aprobó por primera vez en septiembre de 2017 por unanimidad y tiene una vigencia de 5 años, hasta septiembre de 2022. Está dotado con 1.000 millones de euros para su ejecución y en el nuevo acuerdo no se establece una cifra concreta para su financiación.

13 objetivos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El principal objetivo de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género es blindar el compromiso institucional con las mujeres y con todas las víctimas de violencia machista. Además, son prioridad del nuevo acuerdo, el establecimiento de un marco ampliado y estable en el tiempo y una financiación “pública, estable, suficiente, adecuada, con independencia del ciclo económico”. Estos dos aspectos son importantes, pues implican asegurar la continuidad de las políticas públicas en esta materia y dotar de sentido a los esfuerzos que se han llevado a cabo hasta ahora.

El acuerdo se compone de trece objetivos generales. Algunas medidas ya se contemplaban en el anterior pacto, como la especialización de los profesionales que participan directamente en labores de prevención y con las víctimas (jueces, policías, administraciones, etc), o la formación especializada de los profesionales que trabajan habitualmente con niños o menores de edad.

Las novedades que aparecen en el actual Pacto son:

  • Ampliación del concepto de violencia machista, ya que esta no se limita únicamente a la ejercida por parejas o exparejas, así como la introducción de los términos violencia económica, violencia vicaria y violencia digital.
  • El blindaje de los fondos destinados a entidades sin ánimo de lucro que trabajan con mujeres y menores de edad.
  • La financiación de organizaciones feministas que trabajan con mujeres víctimas de todo tipo de violencia, como la explotación sexual, el acoso o la violencia sexual.
  • Ampliación de recursos a mujeres mayores, migrantes, pertenecientes a minorías étnicas, con discapacidad o mujeres en situación administrativa irregular, a las que muchas veces no llega la protección frente a la violencia.
  • Se pretende empezar a incluir como víctimas mortales de violencia de género aquellas que fueron asesinadas tras una agresión sexual o en un caso de explotación sexual.

Todos los grupos políticos que lo han apoyado se han comprometido a evaluar el cumplimiento de las medidas contenidas en el Pacto cada cuatro años. Uno de los mayores retos, a los que compromete el texto publicado es la adecuación de la normativa estatal al Convenio de Estambul o convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, ratificado por España en 2014. Ello implicaría cambiar leyes como la de violencia de género de 2004.

Inversión histórica en los PGE

Aunque en el nuevo acuerdo del Pacto de Estado no se ha especificado una cifra económica concreta para financiarlo, los Presupuestos Generales del Estado, aprobados también el 25 de noviembre, incluyen una inversión histórica para la lucha contra la violencia de género. Concretamente, se destinarán a su erradicación 284 millones de euros, un 19,7 % más que en 2021.

Además, el Congreso tiene pendiente aprobar medidas relacionadas con la violencia de género como la de facilitar la adopción de los menores huérfanos víctimas de violencia machista, manteniendo su pensión. Muchas familias no se pueden permitir adoptar a los menores si estos tienen que renunciar a su pensión en calidad de víctimas, por lo que el cambio va encaminado a ayudar a las familias más vulnerables y a dotar a estos niños con un futuro.

Datos objetivos y discursos negacionistas

Los datos son alarmantes y lo serían aún más si se contabilizara a todas las víctimas de violencia machista, como las que sufren abuso sexual por terceras personas con las que no tienen una relación.

En lo que va de año, han sido asesinadas 37 mujeres; 1.118 desde que se comenzaron a recopilar los datos, en 2003, y hay actualmente 3 casos en investigación. Cinco menores han sido asesinados en 2021, 44 desde 2013; y 24 menores se han quedado huérfanos este año.

A pesar del grave problema social que revelan estos datos, el grupo parlamentario de Vox no ha apoyado la renovación del Pacto de Estado, ni tan siquiera el objetivo de las medidas propuestas. Tampoco se ha podido realizar una declaración institucional con motivo del 25N, debido a la falta de unanimidad de las fuerzas políticas, algo que no fue así en 2017.

La violencia de género para los que propugnan un discurso negacionista no existe. Desde un sindicato como USO, para el que la igualdad es fundamental, consideramos del todo inaceptable estas posiciones. Esto no solo es grave porque se pone en peligro a las víctimas y se impide salvar vidas, también porque cada vez son más los que apoyan este discurso.