USO y la CES instan a la Comisión Europea a aceptar el mandato del Parlamento Europeo y aprobar una Directiva de Transición Justa en el Trabajo ambiciosa

El Parlamento Europeo ha dado un paso político decisivo al aprobar, por amplia mayoría, el informe legislativo sobre una futura Directiva de transición justa en el mundo del trabajo. El arco insta así a la Comisión Europea a presentar una propuesta normativa ambiciosa que garantice que las transiciones ecológica y digital no se hagan a costa de los derechos, el empleo y las condiciones de trabajo de millones de personas trabajadoras en Europa.

El informe, aprobado con 420 votos a favor (67 % ), llega en un contexto marcado por una profunda reconversión industrial, con especial impacto en sectores estratégicos como el automovilístico, el químico y el siderúrgico. Y tras la pérdida de más de un millón de empleos industriales entre 2019 y 2023.

Para el movimiento sindical europeo, la votación envía una señal clara: el cambio debe anticiparse y gestionarse con justicia y diálogo sociales, y con empleo de calidad.

Qué supone una Directiva de Transición Justa

La iniciativa respaldada por el Parlamento Europeo persigue establecer un marco jurídico común a nivel europeo que obligue a los Estados y a las empresas a anticipar y gestionar los procesos de transformación económica. Deben garantizarse:

  • Información y consulta obligatorias y tempranas a las personas trabajadoras y a sus representantes.
  • Diálogo social y negociación colectiva como ejes centrales de la transición.
  • Derecho individual a la formación remunerada durante el tiempo de trabajo, para adaptarse a los nuevos empleos.
  • Estrategias de transición justa a nivel empresarial, sectorial y nacional, con participación sindical.
  • Apoyo financiero europeo, especialmente tras 2027, para regiones y sectores afectados.

No se trata solo de crear empleo, sino de crear empleo digno y sostenible; y frenar cierres caóticos, deslocalizaciones y despidos evitables.

Respuesta ante el cambio económico

Según la Comisión Europea, solo el sector energético necesitará 145.000 nuevos trabajadores de aquí a 2030. Mientras, la participación de personas adultas en formación sigue siendo insuficiente. Para el Parlamento Europeo, sin derechos efectivos a la formación y sin planificación, la transición corre el riesgo de agravar desigualdades sociales y territoriales, como ya ocurrió con la anterior.

Desde la Confederación Europea de Sindicatos (CES), se ha valorado la votación, subrayando que una transición justa beneficia tanto a las personas trabajadoras como a las empresas: refuerza la productividad, reduce la escasez de competencias y preserva la capacidad industrial europea.

En la misma línea, IndustriAll Europe ha reclamado que la futura directiva garantice empleos industriales de calidad, inversión productiva y un papel central de los sindicatos en todos los procesos de reestructuración.

Un avance importante que la Comisión no debe parar

La secretaria confederal de Internacional y Desarrollo Sostenible de USO, Carmen Alejandra Ortiz, ha valorado la votación como “un avance político de enorme relevancia para el conjunto de la clase trabajadora europea”.

Desde USO, exigimos a la Comisión Europea que traduzca este mandato político en una directiva ambiciosa, dentro de la futura Ley de Empleo de Calidad.

Ortiz señala que esta votación deja claro que el Parlamento Europeo entiende que la transición ecológica y digital no puede hacerse sacrificando empleo, derechos ni condiciones de trabajo. Una transición justa solo es posible si se construye con diálogo social, negociación colectiva y formación garantizada dentro del tiempo de trabajo.

La dirigente de USO ha advertido además que la ausencia de una directiva vinculante ha permitido hasta ahora que muchas reestructuraciones se realicen de forma unilateral y desordenada, con un alto coste social. “No podemos seguir yendo de crisis en crisis. Anticipar el cambio es proteger el empleo, fortalecer nuestra industria y garantizar que nadie se quede atrás”.

A por la directiva: mensaje claro

La aprobación del informe supone un mandato político inequívoco para que la Comisión presente una propuesta legislativa que complemente los actuales instrumentos financieros de transición. En ella, deben incorporarse derechos laborales exigibles y una arquitectura social sólida.

Desde la Secretaría de Internacional y Desarrollo Sostenible de USO, se valora este paso como una oportunidad estratégica para reforzar el modelo social europeo y garantizar que las transformaciones económicas se traduzcan en empleo de calidad y cohesión social, además de un futuro industrial y autosuficiente para Europa.