La campaña “No al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión” denuncia la “cooperación reguladora” en las negociaciones del tratado transatlántico (TTIP), ya que representa una amenaza para la democracia y una tentativa de poner los intereses de las grandes empresas por encima de los derechos para las y los ciudadanas/os y la protección del medio ambiente.
Con ocasión de la octava ronda de negociaciones del tratado entre la Unión Europea y los Estados Unidos en Bruselas, sindicatos, organizaciones y movimientos sociales han hecho pública una declaración para denunciar la cooperación reguladora en el TTIP.
Los firmantes muestran una “gran inquietud y firme oposición a la dirección de las negociaciones del TTIP sobre la reglamentación de ámbitos vitales, como los productos químicos, las normas alimentarias, los servicios públicos, los derechos laborales y las normas de seguridad y salud laboral, así como la regulación financiera”.
Las posiciones de la Comisión Europea sobre el capitulo “Cooperación Reguladora” de las negociaciones del TTIP, obtenidas a través de filtraciones, han aumentado la preocupación. La Comisión Europea propone un sistema regulador cuyo resultado pondría en peligro las normas de interés general. Estas normas deberán pasar sistemáticamente por el filtro del ‘comercio y la inversión’. El capitulo también da a los lobbies industriales un poder sin precedentes sobre cualquier nueva reglamentación que pudiera tener un impacto en el comercio y la inversión. La propuesta da prioridad al “comercio y la inversión“, y los coloca por encima del interés general. La propuesta daría un poder enorme a un pequeño grupo de funcionarios no elegidos, autorizándoles a parar o debilitar las reglamentaciones y las normas, incluso antes de que los parlamentos puedan expresar su opinión.
La Comisión Europea propone más “compatibilidad” entre las leyes a los dos lados del Atlántico, y un “ámbito regulador propicio a la competencia”. Como muestra un informe del Parlamento Europeo de Julio 2014, esta compatibilidad llevaría a una “armonización a la baja”.
El texto de la Comisión Europea sugiere que cualquier nueva ley debería estar justificada por nuevos datos o evidencias científicas, si lo pida un gobierno o una empresa. La propuesta de la Comisión Europea refleja también la demanda de los industriales de crear un “Organismo de Cooperación Reguladora”. Su objetivo sería facilitar un sistema de información previa, a través de consultas, y de influencia sobre el desarrollo de nuevas leyes.
Además, según la propuesta de la Comisión, el mundo de los negocios norteamericano e europeo tendrán además voz en la mayoría de las leyes elaboradas en Bruselas, en las capitales de la UE, en Washington y en los Estados federales estadounidenses. La Comisión parece haber incorporado ampliamente la demanda de los lobbies empresariales para “coescribir las leyes”.
Un informe del Centro de Derecho Internacional por el Medio Ambiente de enero de 2015, muestra por ejemplo cómo la cooperación reguladora podría retrasar, e incluso parar, el refuerzo de las protecciones contra los productos químicos y los pesticidas. La cooperación reguladora podría incluso constituir un ataque gradual al principio de precaución, abriendo lenta pero totalmente las puertas a los Organismos Modificados Genéticamente (OMG), los nanomateriales e impedir la prohibición de los alteradores hormonales.
Por todas estas razones, los firmantes exigen que los negociadores saquen la cooperación reguladora de las negociaciones del TTIP.
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