A pesar del avance en el cumplimiento de los ODS en España, la lucha contra la pobreza y la desigualdad siguen siendo grandes retos que se deben afrontar inmediatamente

USO ha participado en el acto organizado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 sobre el progreso de España con respecto al cumplimiento de los ODS en España.

A pesar de la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania, España ha avanzado en los ODS. Sin embargo, desde USO consideramos que la aplicación de los fondos europeos de recuperación tras el covid -Fondos Next Generation– nos aleja en parte de los objetivos de la Agenda 2030.

Desafíos para cumplir con la Agenda 2030

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha celebrado un acto que contó con la intervención de miembros del Gobierno, de gobiernos autonómicos y municipales, así como de la sociedad civil, para realizar un balance sobre la situación del cumplimiento de la Agenda 2030 en España.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 con el fin de fijar metas específicas globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos de cara al 2030. Cada año, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 elabora un Informe de Progreso en el que se cuantifica el estado de las metas en España para evaluar en qué se ha mejorado y en qué se necesita avanzar.

A pesar del contexto actual se han logrado ciertos avances. En materia de protección de la ciudadanía, se ha frenado la desigualdad a través de medidas como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital, que evitaron que 1,5 millones de personas cayeran en la pobreza. Por otro lado, se ha avanzado en la ampliación de derechos con medidas como la Ley 15/2022 para la igualdad de trato o la Ley Rider. Por último, con la aplicación de políticas para la transición ecológica, para la que está previsto que se destinen 57.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, existen grandes retos que deben ser afrontados de forma inmediata como la lucha contra la pobreza y la desigualdad. A pesar de que las medidas adoptadas durante la pandemia han servido para paliar sus efectos y no aumentar de forma drástica los niveles de pobreza, esta se ha cronificado debido a la baja calidad del empleo y el aumento del precio de la vivienda y los productos de primera necesidad. La desigualdad también supone cada vez un problema mayor en España, experimentando un aumento exponencial en los últimos años: desde 2015 España ha sido uno de los países de la UE con mayores niveles de desigualdad en la distribución de ingresos entre sus ciudadanos, solo superada por Rumanía, Letonia, Lituania y Bulgaria.

Para abordar estos retos es imprescindible llevar a cabo una serie de medidas que permitan avanzar hacia un modelo de desarrollo realmente justo y sostenible. La fiscalidad debe ocupar un papel central en la agenda de la sostenibilidad, dotándola de una mayor progresividad, aumentando, por ejemplo, la tributación sobre las rentas del capital de forma que se puedan financiar las políticas sociales necesarias para reducir la pobreza. Asimismo, la transición ecológica debería situarse como una prioridad, apostando por el empleo verde y la transformación de la economía para hacerla más justa y resiliente. Es necesario avanzar hacia una economía circular, reduciendo el nivel de residuos y alargando el ciclo de la vida de los productos, y hacia la democratización de la energía, produciendo energía renovable y facilitando su acceso por parte de la ciudadanía.

Los fondos Next Generation recuperan pero no transforman

Para hacer frente a los retos que impiden cumplir con la Agenda 2030 es necesario que toda la acción del Gobierno esté alineada con la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Esta hoja de ruta, aprobada por el Consejo de Ministros en 2021, contempla una serie de políticas aceleradoras para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, no está marcando la política de inversiones que se están realizando con los fondos europeos para paliar la crisis económica provocada por la pandemia.

Los Fondos Next Generation, que en España se canalizan a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, deben ser coherentes con las transformaciones que exigen los ODS. A pesar de que estos fondos suponen un cambio de paradigma respecto de las estrictas políticas de austeridad aplicadas durante la crisis de 2008, su aplicación no está a la altura de las transformaciones necesarias para avanzar hacia un modelo de desarrollo justo y sostenible.

Desde la plataforma de la sociedad civil de la que USO forma parte, Futuro en Común, se denuncia que la aplicación de los Next Generation recupera (un modelo que ya se ha demostrado obsoleto), pero no transforma (para caminar hacia un modelo resiliente y justo). En este sentido, para mejorar la capacidad de transformación, se deberían adoptar las siguientes medidas:

  • Garantizar que las inversiones empujen un cambio de modelo de desarrollo hacia la sostenibilidad, incrementando las inversiones para transición ecológica y descarbonización. Debe evitarse la financiación de proyectos que perpetúen un modelo económico que nos ha conducido a una emergencia climática y a tasas de pobreza y desigualdad jamás vistas.
  • Garantizar que el principio de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible guíe la planificación de las inversiones a realizar y mida el impacto para asegurar que las inversiones están, de manera coherente, siendo viento de cola para la hoja de ruta hacia el desarrollo sostenible. Una pieza clave en este enfoque (aunque parcial) sería la existencia de un protocolo riguroso para garantizar el No Daño Significativo exigido por la Unión Europea para la asignación de estos fondos. También se hace necesario el análisis de los impactos transfronterizos de las inversiones, analizando con rigor los efectos negativos que tienen sobre las poblaciones más vulnerables de los países denominados del sur global, ya sea en lo que respecta a la crisis climática, el respeto de los Derechos Humanos o las condiciones de dependencia económica.
  • Integrar al conjunto de actores, y especialmente a la sociedad civil, en los mecanismos de participación y gobernanza del Plan. Necesariamente tienen que estar implicados en la construcción de un proyecto de país a largo plazo y en el proceso de seguimiento a la implementación de este Plan.
  • Garantizar el acceso de las pymes, y muy especialmente a las empresas de economía social y solidaria, para una mayor permeabilidad. Debe de haber un apoyo específico y convocatorias especiales que permitan lidiar con la escala de estos fondos para realmente crear empleos de calidad y avanzar hacia modelos económicos y sociales sostenibles.
  • Desarrollar mecanismos para una mayor transparencia y rendición de cuentas al conjunto de los actores implicados así como a la ciudadanía, dando a conocer los procesos de asignación, seguimiento, control y evaluación de las inversiones realizadas.
  • Evitar el peligro que puede suponer el volver a las políticas de austeridad y el endeudamiento a partir de 2024 cuando termine la suspensión del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).