La falta de acuerdo político y la precipitación dejan sin efecto las medidas previstas en los decretos de vivienda
Los dos decretos de vivienda han decaído tras no conseguir la convalidación en el Congreso. La situación evidencia una gran precipitación en la elaboración y negociación de las medidas, que pretendían abordar un problema que España arrastra desde hace muchos años y que no puede resolverse en pocos días ni con textos improvisados.
La falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios ha sido determinante. Una vez más, los debates y las discusiones políticas han bloqueado cualquier avance, dejando en suspenso medidas que, aunque discutibles, buscaban intervenir en un mercado tensionado y con graves dificultades de acceso para la ciudadanía.
¿Qué incluía cada decreto de vivienda?
El primer decreto de vivienda prohibía hasta 2028 las compras especulativas por debajo del 70% del valor de tasación y suspendía los desahucios a vulnerables hasta 2030, obligando a las autonomías a asumir las deudas si no había alternativa habitacional. Además, regulaba los alquileres temporales y por habitaciones, prohibía cargar tasas inmobiliarias al inquilino, además de introducir una prórroga forzosa de hasta dos años para contratos que expiren antes de finales de 2028.
El segundo decreto, ahora también decaído, se volcaba de forma exclusiva en la estabilidad de los inquilinos regulando las prórrogas de los contratos y endureciendo las condiciones de salida. Establecía que, una vez vencido el periodo inicial obligatorio, los contratos de alquiler habitual se prorrogarán automáticamente por periodos sucesivos de 5 o 7 años (según el casero sea persona física o jurídica), elevando además el plazo de preaviso del arrendador a 6 meses. Finalmente, la norma imponía una estricta indemnización forzosa de 12 mensualidades de renta a favor del inquilino si el propietario decide rescindir el arrendamiento de manera voluntaria y sin alegar una de las causas justificadas contempladas por la ley.
Lo que decían el resto de partidos
El resto de partidos rechazaron los reales decretos de vivienda al considerar que sus medidas intervencionistas y de control de precios contraerían de forma drástica la oferta de alquiler, disparando aún más los precios y provocando inseguridad jurídica para los propietarios.
España sigue sin una respuesta sólida a un problema que afecta a jóvenes, familias y personas vulnerables
Mientras tanto, los españoles siguen sufriendo problemas tan básicos como no poder acceder a una vivienda digna con sus ingresos. La situación afecta a todo tipo de personas: jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan más de la mitad de sus ingresos al alquiler, personas adultas solas que no pueden asumir los precios actuales, personas mayores con rentas limitadas y miles de hogares vulnerables que viven en una inseguridad habitacional constante.
Desde USO pensamos que la caída de los decretos vuelve a dejar claro que España necesita una estrategia de vivienda estable, consensuada y de largo recorrido, que aumente la oferta, reduzca los precios y proteja a quienes más lo necesitan. Sin acuerdos políticos sólidos, sin planificación y sin medidas estructurales, el acceso a la vivienda seguirá siendo uno de los principales factores de desigualdad en nuestro país.
