Miles de españoles salen a las calles en 60 ciudades contra el paro, los recortes y por la regeneración de la democracia

Julio Salazar: “Hay y que frenar la exclusión, la desigualdad y al estercolero social y laboral en que están convirtiendo España”.

El secretario general confederal de la USO, Julio Salazar, ha manifestado, en la rueda de prensa previa a la manifestación celebrada en Madrid, que su intención y la del resto de convocantes es hacer llegar “a quienes detentan el poder político y económico en este nuestro país y en este nuestro continente europeo, la necesidad de revertir tan aciagas políticas que solo representan y defienden a los grandes capitales y grandes corporaciones”. En este sentido ha recordado que las mayorías sociales están “hartas de ver como se hace pagar la crisis con más crisis a la ciudadanía trabajadora, a la vez que se prima y se tapan los desmanes de los defraudadores, de los especuladores y de los corruptos”.

 

 

Julio Salazar ha abogado por un cambio inmediato del sentido de las políticas aplicadas por el Gobierno español y por las instituciones europeas y ha reclamado “el cumplimiento estricto de la Constitución en materias como políticas sociales, laborales y de vivienda” al tiempo que ha advertido a la UE del “riesgo cierto de desafección ciudadana hacia el proyecto europeo por su carácter “antisocial y con escaso respecto a la voluntad de las mayorías sociales”.

“Contra el paro y por la regeneración de la democracia”, ha sido el llamamiento realizado a la ciudadanía por la Cumbre Social para salir a las calles en más de 60 ciudades españolas. Ha habido una respuesta firme por parte de los ciudadanos que han expresado con contundencia su hartazgo con una situación de degradación democrática y unas cifras de paro insostenibles en términos humanos, económicos y sociales.

Las manifestaciones también han sido alentadas por la Confederación Europea de Sindicatos contra las políticas que impulsan las instituciones europeas, y que en España aplica el Gobierno de forma autoritaria e insensible al daño que están causando a las personas y al propio futuro del país.

Al término de la manifestación en Madrid se ha dado lectura a un manifiesto conjunto en que el
las organizaciones que forman parte de la CUMBRE SOCIAL han resumido las razones de la convocatoria y la protesta:

Para reprobar las actuaciones de una Comisión Europea enrocada en políticas fracasadas, ajena a los problemas de la ciudadanía a la que deben su legitimidad e incapaz de comprender a qué intereses deben servir las instituciones y los recursos comunes de esa ciudadanía europea. Tras cinco años de crisis lo único que crece dentro y fuera de Europa es la desigualdad, el desempleo, la miseria, la exclusión social y las dudas sobre unos dirigentes europeos cuya pertinaz insistencia en políticas fracasadas resulta inaceptable.

Para hacer saber al Gobierno de España que el tiempo de las mentiras y los discursos huecos ha terminado. Seis millones de personas en paro, dos millones de ellas sin recibir ningún tipo de prestación, 1,8 millones de hogares con todos sus miembros en desempleo, y cerca del 27 por ciento de la población viviendo por debajo
del umbral de la pobreza son la insoportable realidad del país. Una realidad que se agrava día a día porque continuaremos en recesión económica, las grandes empresas siguen planteado eres con despidos masivos, continúa la sangría de despidos individuales… El Debate del Estado de la Nación nos mostró a un Presidente del Gobierno cada vez más alejado de los problemas de la ciudadanía. De no corregirse de manera urgente y en profundidad ese distanciamiento, puede abocarnos a situaciones como la de Italia, donde las recientes elecciones han demostrado el éxito de opciones populistas y el hartazgo de una parte de la población con el actual funcionamiento de las instituciones democráticas.

Para denunciar, teniendo presente la conmemoración del día Internacional de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo, las consecuencias que la crisis y las políticas neoliberales tienen contra las mujeres: incremento de la brecha salarial, recortes de empleo en la función pública con fuerte presencia de mujeres, reducción de servicios sociales y en la atención a la dependencia que favorecían la incorporación de las mujeres a la vida laboral o supresión de organismos que defienden y apoyan los derechos de las mujeres.

Para rechazar el desmantelamiento de los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, servicios sociales…) y cualquier reforma unilateral del sistema público de pensiones que lo convierta en otro instrumento de las políticas de ajuste, expoliando nuevamente los derechos de la ciudadanía, y abandonando a su suerte a las actuales y futuras personas pensionistas.

Para advertir al Gobierno y a los grupos parlamentarios de las Cortes sobre cualquier intento de engañar a la ciudadanía en la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular por la Dación en Pago y la Paralización de los Desahucios que desvirtúe o pervierta sus principales objetivos.

Para rechazar la reforma de la ley de bases de régimen local, porque debilitará las capacidades de actuación de las corporaciones locales, las administraciones más próximas a las personas, en un nuevo intento de negar financiación para los servicios a la ciudadanía, mientras convertimos en deudas de todas y todos (tres puntos de déficit público) la fraudulenta gestión de los directivos de las entidades financieras.

Para condenar todos los intentos de deslegitimación o represión de los derechos constitucionales de expresión, pensamiento, o manifestación. Exhiben un escalofriante desprecio a los principios democráticos, quienes pretenden criminalizar a la juventud por manifestarse libremente desde las instituciones que les representan, especialmente si utilizan como argumento la financiación pública de esas instituciones. Condenamos asimismo, la decidida voluntad del Ministerio del Interior de convertir el conflicto social en un conflicto de orden público, ordenando intervenciones desproporcionadas para reprimir manifestaciones pacíficas.

Para rechazar los casos de abierta complicidad entre cargos públicos y empresas, que corrompen el ejercicio de la actividad política, levantan ante los ojos de la sociedad un peligroso muro de desconfianza hacia las instituciones democráticas, y aceleran el deterioro del entramado institucional que surgió de la transición democrática.

Exigimos que se devuelva a la política su condición de herramienta al servicio de las personas, expulsando a las personas corruptas de la vida pública y acometiendo las reformas constitucionales que sean precisas.