Georges Dassis, presidente del Grupo de Trabajadores del Consejo Económico y Social Europeo (CESE), y ponente del dictamen, ‘Renta Mínima europea e indicadores de pobreza’ fue el encargado de presentar el día 12 de febrero, en las Oficinas del Parlamento Europeo de Madrid, el contenido de este informe. Lo hizo arropado por otros miembros del CESE en representación de los sindicatos, los empresarios y las asociaciones de economía social.
Al acto asistió Julio Salazar, secretario general de USO, e intervinieron el presidente del CES español, Marcos Peña, así como Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, secretarios generales de CCOO y UGT, quienes plantearon la posibilidad de una ILP en caso de que no se formalizase un régimen de renta mínima para España. Igualmente intervino Graciela Malgerini, representante de la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
El dictamen, que ya fue aprobado por el CESE el día 11 de diciembre de 2013, repasa la situación de la crisis económica y su incidencia en la pobreza cotejando la situación en cada país europeo, que resulta muy dispar. Entre sus conclusiones se considera que habría de garantizarse una renta mínima, diferente en cada país europeo según cual sea su nivel de poder adquisitivo. Para ello es necesario reformular y dar coherencia a sistemas y normativas muy dispares de protección -unas veces exclusivamente en territorios de un Estado, para un grupo de población específica, ligados o no a la situación de desempleo, etc., pero siempre condicionada a la carencias de otras rentas. También, se subrayó que es imprescindible estudiar fórmulas de financiación, aunque su importe sería en todo caso menor al del rescate bancario efectuado.
Este dictamen recuerda, entre otros, el artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), que como parte integrante del nuevo Tratado de Reforma es jurídicamente vinculante, y que dice, “con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes”.
Hay 120 millones de personas en Europa que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social; es el 24,2 % de la población europea, Se señala que la Estrategia Europa 2020 que pretende aumentar la tasa de actividad y otros objetivos está en la buena dirección, pero el dictamen muestra su preocupación por el hecho de que no se logre el objetivo en materia de pobreza y exclusión social (menos de 20 millones de personas en situación de pobreza para el año 2020 en la Unión).
Lamentablemente, tras 22 años transcurridos desde la Recomendación 92/441/CEE no todos los Estados miembros cuentan con regímenes de renta mínima, ni la accesibilidad y funcionamiento de otras prestaciones garantizan la universalidad. Los detractores de la existencia de estos regímenes de renta mínima deberían verlo como un estabilizador anticíclico que favorecería una respuesta humana y económica a la crisis.
El documento aprobado por el CESE reclama finalmente a la instituciones europeas que realicen un estudio para la puesta en marcha de una Directiva europea de obligado cumplimiento que amplíe los regímenes de renta mínima a todos los estados miembros, dando sentido al pilar social europeo.
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