El exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez (del PSOE); los antiguos concejales Áurea Soto (PSOE) y Fernando Varela (BNG); y el ex director general Xosé Carballido (BNG) han sido condenados a siete años de inhabilitación para ejercer un cargo o empleo público, merced a una denuncia por prevaricación interpuesta por la USO en octubre de 2013.
Los hechos se remontan al período comprendido entre 2008 y 2013, cuando, por el método de las “asistencias técnicas”, se fueron prorrogando contratos a cinco trabajadores, vulnerando la normativa contractual de las administraciones públicas, tal y como recoge la sentencia del Juzgado de lo Penal Número 2 de Ourense.
El escrito de la magistrada Susana Pazos considera hechos probados que estas prórrogas de contratos se efectuaban a pesar “de conocer que se actuaba contra la normativa existente, ya que estaban prestando servicios periódicos y repetitivos que suponían un gasto de tracto sucesivo (…), además de que se estaba produciendo con ello una cesión ilegal de trabajadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, al realizar los trabajadores sus funciones en las dependencias del Ayuntamiento”. El escrito abunda en que toda esta situación les había sido “dada a conocer, además, por los múltiples reparos que se presentaban por el Interventor del Ayuntamiento a las facturas que los contratados presentaban”.
No fue hasta enero de 2013 cuando el nuevo alcalde, Agustín Fernández Gallego, cursa una orden por la cual pide realizar una contratación legal. Así, los cinco contratados acudieron al Juzgado de lo Social, donde, mediante sendas sentencias, “les fue reconocida una relación laboral, condenando al Ayuntamiento a readmitirlos o indemnizarlos”.
Por todo ello, la jueza considera que cuatro de los seis acusados en un principio son “autores penalmente responsables de un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal”, y son, por lo tanto, condenados “a la pena de 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; pena que comprenderá los cargos de alcalde y concejal, o cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique participación en el gobierno municipal, con la incapacidad para obtener otros análogos en el ámbito autonómico o estatal durante el tiempo de la condena”.
Desde USO Ourense, se muestra un total respeto por las decisiones de la Justicia y la satisfacción de que, si los correspondientes cargos han sido considerados responsables, hayan recibido su pertinente condena de inhabilitación.
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