USO condena cualquier intento de comprar voluntades, en este caso, para exonerar a un régimen que va en contra de los derechos de los trabajadores, como es el de Qatar

La celebración del Mundial de Qatar ha estado bajo sospecha de corrupción desde su mismo comienzo, cuando este país del Golfo Pérsico fue designado para acoger este evento. En 2010 tuvo lugar la votación secreta para la elección del lugar de celebración y, desde entonces, se han realizado varias investigaciones a los directivos de la FIFA que han desembocado en numerosas imputaciones, multas y suspensiones por casos de corrupción.

El último escándalo se ha destapado en los últimos días e implica a varios miembros del Parlamento Europeo, entre ellos, a su vicepresidenta Eva Kaili, suspendida de su cargo el pasado 9 de diciembre por estar bajo investigación por corrupción.

Estos hechos surgen tras la sospecha de que Qatar haya extendido sus redes de influencia a través de una trama de sobornos hacia personas con posición política o estratégica en la Eurocámara. Entre los dirigentes que están en el punto de mira se encuentra el recién elegido secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Luca Visentini, quien ha sido puesto en libertad vigilada.

Desde USO condenamos enérgicamente cualquier tipo de corrupción en las instituciones democráticas y lamentamos que este tipo de hechos empañen la imprescindible labor sindical a nivel nacional e internacional y el propio valor de la UE.

Qatar, paraíso de la explotación laboral

Además de por las graves violaciones a los derechos humanos hacia las mujeres o hacia el colectivo LGTBI, Qatar ha sido objeto de denuncia en numerosas ocasiones por las condiciones laborales que rigen para los trabajadores, especialmente para los inmigrantes que representan casi el 80 % de la población.

La propia CSI elaboró un informe en 2014 para denunciar esta situación, especialmente de las personas migrantes pobres. La ex secretaria general de la CSI, Sharan Burrow, declaró en aquel momento: “se ven obligados a trabajar largas horas bajo un calor increíble, seis días a la semana. Mantenidos en una situación de apartheid; están muriendo en cantidades sin precedentes”.

Pero en los últimos meses, las posturas poco críticas, sino benévolas, por parte de varios eurodiputados hacia el régimen qatarí, han aumentado las sospechas acerca de la influencia ejercida por este país para lograr un lavado de imagen. Un país en el que hasta hace poco regía el sistema kafala (patrocinio), facilitador de la esclavitud moderna y vinculada a no permitir al empleado (normalmente inmigrantes procedentes de India, Nepal o Bangladesh) cambiar de trabajo o salir del país sin la aprobación de su empleador.

A pesar del compromiso del régimen qatarí con la OIT para abolir el sistema kafala y reformar la legislación laboral en este país, organizaciones como Amnistía Internacional denuncian que estos cambios llevan años paralizados, encontrándose los trabajadores sometidos a las mismas prácticas abusivas e incluso, peores.