La Unión Sindical Obrera (USO) considera positivo que el Gobierno haya decidido ligar la subida de las pensiones al IPC para este año y el próximo, y retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023. La secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de la USO, Sara García, considera que “esta rectificación en cuanto a la postura del Gobierno con respecto a la revalorización de las pensiones, que se incrementarán un 1,6% en 2018 y según el IPC en 2019, es bienvenida, pero consideramos que sigue siendo necesario que las pensiones se blinden en la Constitución. Así la prohibición de su privatización será un mandato constitucional inexcusable para los poderes públicos y se mantendrá un poder adquisitivo real de los pensionistas”.
García se muestra muy crítica con la ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, que entró en vigor en 2013 y que salió adelante con el respaldo de CCOO y UGT, elevando la edad de jubilación a los 67 años e introduciendo las claves de la modificación de la revalorización de las pensiones, que permiten que cada año suba el ridículo 0,25% que hemos estado viendo.
“Por ello, la USO lleva años presentando propuestas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, defendiendo que la edad legal de jubilación se mantenga en 65 años; fomentando la ampliación voluntaria de la vida laboral, jubilaciones parciales y retraso voluntario de esa edad en el caso de algunas profesiones que lo permitan; así como el mantenimiento del contrato relevo para las jubilaciones anticipadas desde 61 años, que permiten crear empleo real y una cotización similar a la que va a dejar el sistema”, apunta la Secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.
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