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El sindicato exige mayor control y prevención de riesgos en obras de patrimonio histórico tras el derrumbe en la Casa Ibarra, con dos trabajadores fallecidos

La falta de prevención de riesgos laborales ha sido la causa principal de la muerte de dos trabajadores, el pasado 16 de julio, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tras el derrumbe del techo de la Casa Ibarra, inmueble del siglo XX que estaba siendo rehabilitado para convertirse en centro cultural. Desde USO denunciamos graves fallos en la prevención de riesgos laborales en este suceso que podría haberse evitado.

La Casa Ibarra, inmueble monumental de principios del siglo XX, había permanecido años abandonada tras sufrir robos, vandalismo e incendios. El Ayuntamiento encargó a la empresa Jocón las obras de refuerzo estructural para convertirla en centro cultural y tecnológico. Sin embargo, no se realizó una evaluación exhaustiva de los riesgos antes de comenzar los trabajos.

Lamentablemente, los dos fallecidos, residentes en Huétor (Granada), quedaron atrapados cuando el techo se desplomó mientras trabajaban en el interior. Un tercer trabajador logró escapar al percibir el crujido del derrumbe. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y anunciando también una investigación para conocer si hubo negligencia en la ejecución de los trabajos.

USO denuncia falla grave en las políticas de PRL

El sindicato considera que, tanto el Ayuntamiento como la empresa contratista comparten responsabilidades. No se trata de un accidente fortuito, sino de una falla grave en las políticas de prevención.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es muy clara: antes de cualquier obra, hay que realizar una evaluación global de los peligros. En edificios de más de cien años, esta evaluación debe ser reforzada con análisis estructurales previos, estudios de patologías y refuerzos provisionales que permitan vigilar movimientos o fisuras. Que la Casa Ibarra presentase esas condiciones que propiciaron el derrumbe, revela que nunca se asumió la magnitud de los riesgos y que los trabajadores se “incorporaran esa misma mañana” sin haber recibido un plan de seguridad pormenorizado, ni señalizaciones de riesgo, ni instrucciones precisas sobre zonas críticas.

Falta de prevención de riesgos, precariedad laboral y pocos recursos para Inspección de Trabajo

USO incide en que tanto Administración local como empresa comparten la culpa en este accidente laboral mortal. El Ayuntamiento, como promotor, debía garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad durante la adjudicación. Para ello, debía exigir un plan de seguridad y comprobarlo sobre el terreno antes de autorizar la obra.

Por su parte, la empresa contratista tenía la obligación de proporcionar a la cuadrilla los medios técnicos adecuados. Entre ellos, andamiajes seguros, apuntalamientos provisionales y sistemas de detección de movimientos. Además, debía formar a los trabajadores en la identificación y gestión de riesgos propios de un edificio antiguo.

En este caso concreto, además, los tres albañiles formaban parte de una cuadrilla sin estabilidad laboral ni delegados de prevención. Desde USO insistimos en que la precariedad laboral condiciona que los trabajadores acepten condiciones inseguras por miedo a perder el empleo.

Por otro lado, también, la inacción de Inspección de Trabajo frente al abandono prolongado del edificio y los reiterados incidentes (vandalismo, robos, incendios) dejó ver que no existía un seguimiento adecuado. En este sentido, USO demanda un incremento de recursos para inspecciones especializadas en patrimonio y construcción histórica, con capacidad de paralizar proyectos hasta verificar que se cumplen los protocolos de seguridad. Asimismo, insiste en endurecer las sanciones económicas y penales cuando se produzca un siniestro con víctimas. Solo un régimen sancionador severo ejercerá un efecto disuasorio real.

Propuestas y líneas de actuación de USO en el ámbito de la PRL

USO defiende cuatro propuestas concretas para contribuir a aumentar la prevención de riesgos laborales en la construcción y proteger, así, la salud y la vida de las personas trabajadoras:

  • Auditoría obligatoria previa a cualquier reforma en inmuebles catalogados. Implantar, a nivel autonómico y estatal, una cláusula que obligue a contratar una auditoría independiente de riesgos antes de iniciar trabajos en edificios BIC.
  • Refuerzo de la formación y medios de protección. Exigir a todas las contratas y subcontratas cursos específicos de restauración y albañilería en patrimonio, así como dotar de equipos de protección colectiva (andamiajes mecánicos, plataformas elevadoras) que eviten la mera sujeción con apuntalamientos manuales.
  • Comité de seguridad laboral en obra pública. Promover la creación de comités tripartitos (administración, empresa, representantes de los trabajadores) para supervisar semanalmente las condiciones de trabajo. Deben contar con facultad para paralizar la obra ante indicios de peligro inminente.
  • Plan de vigilancia de estructuras antiguas. Desarrollar registros de seguimiento cada 15 días en proyectos de rehabilitación de inmuebles catalogados, donde ingenieros y técnicos de prevención certifiquen con fotogrametrías y controles electrónicos que no existen variaciones que comprometan la estabilidad.

La muerte de los dos trabajadores en la Casa Ibarra no puede quedar en una anécdota trágica. Supone un aviso claro: que se produzca un accidente mortal es más probable cuando se antepone la agilidad administrativa o el control presupuestario a la seguridad de las personas trabajadoras.

USO exige al ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a la empresa Jocón y a todas las administraciones que conviertan esta lección en un antes y un después en la política de prevención. Ningún proyecto cultural o tecnológico justifica la vida de un trabajador. Debemos transformar la cultura de la obra, promoviendo una sinergia efectiva entre técnicos, administración y representantes sindicales, que garantice que cada intervención recupere nuestro patrimonio con la máxima seguridad y responsabilidad social.