Fundación para la Prevención: el reparto de los recursos se efectúa sin tener en cuenta ni el contenido de las acciones ni su resultado

El 15 de octubre, el Tribunal de Cuentas presentó en el Congreso el Informe de Fiscalización sobre la Gestión de la Fundación de Riesgos Laborales en el marco del sistema público estatal de Prevención de Riesgos Laborales. USO se hizo eco de este informe en el momento de su publicación, noviembre de 2010, ya que coincide con los hechos que, desde hace tiempo, denunciamos sobre el funcionamiento de la Fundación para la Prevención de Riesgos. El informe hace referencia a los ocho primeros años de funcionamiento de la Fundación y hasta la fecha no había sido presentado ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado).

En su presentación, el Presidente del Tribunal de Cuentas, corroboró lo que venimos denunciando desde la USO: que el reparto de los recursos se efectúa sin tener en cuenta ni el contenido de las acciones ni su resultado, afectando esto al grado de eficacia y de economía con que se desarrollan. El reparto previo se evidencia en la asignación casi idéntica de recursos entre las dos mayores organizaciones sindicales receptoras. Desde USO, continuamos denunciando que, tres años después de la elaboración de este informe la situación no ha cambiado.
El patronato que rige la Fundación lo forman miembros de la Administración Pública y representantes de la patronal y de los sindicatos CC.OO., UGT, CIG y ELA. Precisamente son siempre estos sindicatos (a excepción de ELA), junto con la Patronal los únicos beneficiarios de los recursos para llevar a cabo las Acciones Indirectas Territoriales y Directas de la Fundación. Se añade a esto, la preocupación del Tribunal por la reiterada falta de asistencia de los miembros pertenecientes a la Administración General del Estado a las reuniones de la Comisión Delegada, por lo que podría ser una defensa insuficiente de los intereses generales.

La finalidad de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales es la promoción de actividades destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Estas actividades se financian con recursos procedente de los excedentes de la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, es decir con dinero público. La gravedad de estos hechos aumenta, si se tiene en cuenta que estos fondos públicos se destinan a un ámbito como es el de la seguridad y la salud laboral. Asunto que afecta a la totalidad de los trabajadores, con total independencia de la afiliación a un sindicato u otro. Para la USO, ésta debe ser una materia abierta en la que exista la mayor participación posible y consensuada de todos los agentes afectados, en beneficio de la prevención, la lucha contra la siniestralidad laboral y el desarrollo de la cultura preventiva

Desde la USO hemos denunciado estos hechos en reiteradas ocasiones, ya que supone que recursos en teoría destinados a la mejora de las condiciones de seguridad y salud de todos los trabajadores y trabajadoras, sirven para favorecer a unas organizaciones frente a otras, dotando a unas de muchos más recursos y medios de acción. Además, desde USO continuamos exigiendo al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y al Congreso de los Diputados que tomen medidas al respecto, velando porque los fondos públicos destinados a la seguridad y salud laboral que gestiona la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, se distribuyan realmente bajo los principios de transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación.