La Unión Sindical Obrera (USO) ha puesto en marcha la campaña “STOP Ley de Mutuas”, de rechazo a la nueva legislación que ha diseñado el Gobierno y que, a juicio de la USO, “plantea medidas manifiestamente antisociales y que ponen en peligro la salud de los trabajadores”, destaca Sara García, secretaria Confederal de Acción Sindical e Igualdad.

La USO ha elaborado enmiendas a esta Ley de Mutuas con el objeto de hacérselas llegar a los grupos parlamentarios para su presentación dentro de los plazos establecidos antes de su aprobación definitiva.

USO muestra, con el lanzamiento de la campaña “STOP Ley de Mutuas”, su total rechazo al Proyecto de Ley por ir en contra del derecho a la salud de trabajadores y trabajadoras y otorgar mayores competencias a las mutuas, que han pasado de ser entidades colaboradoras con la Seguridad Social a contar con mayor poder de gestión en todos los ámbitos de la salud laboral.

La campaña, que se ha hecho llegar a todas las Federaciones y Uniones que componen la USO, consta de un díptico informativo, en el que se muestra el rechazo total al Proyecto de Ley y se analizan las novedades que incluye en esta materia, y de una carta de rechazo para que sea suscrita por las Secciones Sindicales, miembros de comités, delegados y afiliación de USO mostrando su oposición a la aprobación de esta ley.

No al Proyecto de Ley de Mutuas
A través de esta campaña, la Unión Sindical Obrera dice NO al Proyecto de Ley de Mutuas, concretando su rechazo en cinco ámbitos:

– Propuestas de alta en cuanto a enfermedades comunes. Las mutuas podrán proponer altas desde el primer día de baja por enfermedad común, dejando indefensos a los pacientes y pudiendo provocar un mayor riesgo para la salud por posibles incorporaciones laborales prematuras.

– Nueva denominación: Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Se abre la puerta a cualquier tipo de colaboración y pasan a ser gestoras de prestaciones de la Seguridad Social.

– Privatización de la Sanidad Pública. USO considera que los convenios entre mutuas y los servicios públicos de Salud para adelantar asistencias, tratamientos o pruebas, serán retribuidos a las mismas, por lo que esta modificación supone la privatización encubierta del Sistema Nacional de Salud.

– Prevención de Riesgos Laborales, olvidada. La nueva norma afecta a aspectos importantes en materia de prevención de riesgos laborales, en los que no ha habido consulta ni consenso.

– Fondos públicos para gastos indebidos. Las mutuas tendrán la potestad de crear la llamada Reserva Complementaria, nutrida del dinero de las cotizaciones, cuyos recursos podrán ser destinados al pago de exceso de gasto de administración, sanciones o gastos procesales.

Gobierno y empresarios, ganadores
La USO considera que el Proyecto de Ley de Mutuas busca favorecer los intereses de Gobierno y empresarios, y los verdaderos perdedores en esta cuestión somos todos los trabajadores y trabajadoras.

En este sentido, “el Gobierno ahorrará aproximadamente 227 millones de euros anuales, y al disminuir los costes en prestaciones de incapacidad temporal por acortamiento de las bajas, los empresarios tienen los argumentos para solicitar la tan ansiada reducción de las cotizaciones sociales. Además consiguen reducir el absentismo, aunque sea a costa nuestra salud”, concreta Sara García.

Las mutuas asumen cada vez más facultades de gestión y control, aunque la supuesta eficiencia de las mutuas es a costa de cargar buena parte de sus costes al Sistema Nacional de Salud.

“Observamos cómo en el Proyecto de Ley de Mutuas no se incorpora ninguna medida en relación a la Salud Laboral, tales como la actualización de los listados de enfermedades profesionales, o las mejoras en su detección y declaración. Ni tampoco busca combatir la inadecuada calificación de las contingencias profesionales como comunes, habitual causa por la que las mutuas se niegan a reconocer el origen laboral de las lesiones, o la sistemática calificación de la gravedad de los accidentes a la baja, sin establecer control para sus actuaciones sanitarias”, concluye la Secretaria confederal de Acción Sindical e Igualdad.

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